Este lunes se llevó adelante una reunión entre varios fiscales para establecer posibles vínculos entre delitos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos el triple asesinato de los infantes de la Marina y el ataque con explosivos contra el edificio de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Droga ocurrido el 9 de mayo en el Prado de Montevideo.
Sobre este cruce de información dialogó este martes en En Perspectiva (Radiomundo) Emiliano Cotelo junto al fiscal letrado de Flagrancia Diego Pérez.
Pérez dijo que esta reunión estaba pautada con las fiscales especializadas en estupefacientes Mónica Ferrero y Stella Llorente para dialogar sobre la investigación que lleva adelante el fiscal sobre el ataque a la brigada antidrogas.
Se buscaba establecer los vínculos de una persona relacionada a la banda de Los Ricarditos que está presa en el ex Comcar tras una investigación realizada por Ferrero en abril. Este delincuente fue interrogado por Pérez el viernes dado que había realizado varias amenazas, entre ellas, una que decía que lanzaría un artefacto explosivo.
Sin embargo, una vez ocurridos los asesinatos del domingo, se sumaron a la reunión la fiscal de Homicidios Mirta Morales y el fiscal de Flagrancia Alejandro Machado. Morales es la encargada de la investigación del triple homicidio mientras que Machado investiga un intento de copamiento en esa dependencia de la armada ocurrido pocos días antes.
"Todos los que podíamos aportar información, generosamente y tal como corresponde, la aportamos. Forma parte de lo que es nuestra actividad", señaló Pérez sobre la reunión, y agregó que "no se puede descartar" un posible vínculo entre los asesinatos y los ataques a la brigada antidroga.
La particular ocupación en Santa Catalina
Pérez también está a cargo de la investigación de la ocupación ilegal de terrenos en el barrio Santa Catalina de Montevideo. Según dijo a En Perspectiva, la ocupación está vinculada con la distribución de drogas, dado que es un terreno con "ventajas geográficas" por su cercanía al mar, lo que lo convierte en una zona estratégica: "La droga entra o sale del país de forma terrestre, aérea o a través del agua. La zona del Cerro, Casabó y Santa Catalina está bien vinculada al agua, a las playas".
Con respecto a la vinculación de la ocupación de estos terrenos y la distribución de estupefacientes, el fiscal explicó lo siguiente: "Nos llamó la atención lo vertiginoso de la construcciones, la organización que estuvo, que llevó a pensar que no es una ocupación espontánea, natural, como puede ser otro tipo de ocupaciones. Obviamente este es un aspecto que usan las organizaciones delictivas, y eso no es nuevo, es histórico"
