El martes pasado las gremiales rurales se reunieron con las autoridades del gobierno y anunciaron un aporte del sector agropecuario de 100 millones de dólares al Fondo Coronavirus. Sin embargo, rápidamente se desató la polémica sobre cuál es el aporte genuino del sector y cuanto es reasignación de partidas destinadas a otras políticas públicas.
Para responder estas preguntas, en la mañana de este lunes en el programa En Perspectiva de Radiomundo, Emiliano Cotelo entrevistó a Juan Ignacio Buffa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Buffa explicó que desde que se declaró la emergencia sanitaria en el ministerio comenzaron a recibir llamadas de productores que buscaban colaborar. Por este motivo se impulsó Campo Solidario, una plataforma para que productores puedan aportar. De todas formas, aseguró que se "hacía difícil" organizar todas las colaboraciones que iban surgiendo de privados y asociaciones de productores.
Por esto, aseguró el jerarca, se llegó a este aporte de USD 100 millones que cuenta con tres componentes que, "todo indicaría", deberán ser validados por ley.
El primer punto refiere a una renuncia de los productores ganaderos al crédito fiscal que tienen por la venta de semovientes. Los productores pagan un 1% por cada venta que realizan y a cambio reciben un crédito por ese valor que luego pueden utilizar para pagar aportes en el BPS. Los productores renuncian a utilizar este dinero durante un año.
Buffa explicó que en los últimos años estos certificados han rondado los 25 millones de dólares, pero que dependiendo de la cantidad y la producción anual se estipula en 40 millones. "El monto real por este punto se sabrá a final de año", manifestó, y agregó que para no afectar a productores con menos capacidad financiera, "los productores familiares y los pequeños productores lecheros quedan excluidos a esta renuncia", lo cual representa "una porción bastante chica" del aporte final.
Los 40 del INIA y los 20 del INAC
Con respecto a los otros dos puntos, los aportes provienen de instituciones que son cogobernadas por los productores y el gobierno: El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
El subsecretario de Ganadería, dijo que los 40 millones de dólares provenientes del INIA se dividen en dos acciones: "30 millones son de una deuda que se generó en el gobierno anterior y que no se va a reclamar por parte del instituto y 10 millones por el fondo de promoción de tecnología agropecuaria".
Consultado sobre si se trata entonces de una donación del sector o de recursos del gobierno que son redireccionados, Buffa, dijo que "lo que se pondera es en la actitud proactiva de las gremiales de convocar a la presidencia para buscar las formas de cristalizar algunos apoyos". "Técnicamente el Poder Ejecutivo podría haber asignado estos recursos como mejor entendiera, pero es mucho más saludable que se de en contexto de negociación y consensuado", dijo el jerarca y expresó que el ejecutivo "claro que tenía que cumplir" con el pago de la deuda.
Por su parte, Buffa dijo que los USD 20 millones en efectivo que aporta el INAC, (más USD 1 millón destinado al Inda) surgen de recursos propios de la institución generados en años donde ha habido superávit.
Buffa explicó que el INAC se financia con impuestos a la exportación de ganado en pie, por lo que es un aporte de toda la cadena cárnica.
Consultado nuevamente sobre si se trata de un aporte de los productores, Buffa respondió que "los productores aceptan que no se destine ese dinero a la cadena cárnica", y que "no será gratis para las dos instituciones (INIA e INAC) poner arriba de la mesa estos fondos". "Va a haber que trabajar muchísimo y con mucha creatividad para seguir generando lo mismo con estas restricciones", dijo.
Por último, interrogado sobre las críticas recibidas desde el movimiento Un solo Uruguay, el subsecretario "saludó" que haya expresiones sociales que sean contrarias y manifestó que "el ejecutivo utiliza las críticas como forma de crecimiento y mejora continua".
