El presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta y se comunicó telefónicamente con Luis Lacalle Pou para manifestar su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí.

El contrato se firmó el pasado jueves al mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del gobierno, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra.

Ante la decisión del gobierno de firmar el contrato a poco más de un mes de la asunción del exintendente de Canelones, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, celebró la ratificación del proyecto y dijo que “es un proceso que lleva muchísimo tiempo”.

“Durante mucho tiempo se debatió este tema: hubo llamado a sala del ministro [Adrián] Peña y en mi caso me hicieron dos interpelaciones más un llamado a sala. Es un tema que viene muy discutido desde hace muchísimo tiempo y que lleva todo un proceso de estudio, análisis y permisos que desemboca en que hayamos tenido la habilitación ambiental a fin de año”, aseguró en entrevista con En perspectiva.

El contrato firmado tiene, a su vez, un memorándum de entendimiento. Bouvier explicó que es un documento en el que, en este caso, “se expresa constancia de que pueden haber alternativas a determinados aspectos del proyecto”.

“Me parece que eso es un margen importante que tiene el gobierno electo como para hacer las modificaciones que entienda conveniente y pueda analizar distintas variantes”, agregó. Una de esas flexibilizaciones podría ser la reducción del pólder.

“Otra alternativa es hacer otro reservorio de agua tipo represa en alguno de los arroyos o ríos que hay cerca y tratar desde ese embalse proveer de agua a la planta cuando haya eventos de salinidad. Son varias alternativas más otras que pueden surgir”, indicó.

Uno de los tantos cuestionamientos que se hicieron desde el ámbito político y la sociedad civil hacia este proyecto es una supuesta violación de la Constitución, en la que desde 2004 se establece el derecho de acceso al agua como un derecho fundamental.

“La operación de la planta la va a hacer OSE; si no, indudablemente también sería inconstitucional lo que pasa en el saneamiento de Montevideo, donde lo operan los privados. Ese cuestionamiento legal me parece que ya fue subsanado en su momento con toda la discusión jurídica que ha habido en todo ese tiempo”, argumentó el jerarca.

A su vez, destacó la elaboración de informes por parte de técnicos del Ministerio de Ambiente, que concluyeron que “los impactos no eran inadmisibles”.

“Desde el punto de vista ambiental, me parece que los cuestionamientos no son de recibo hasta que no empecemos a discutir el informe que elaboró el Ministerio de Ambiente, que lleva más de un mes colgado en la página web y no he encontrado ningún cuestionamiento”, cerró.