El Poder Ejecutivo compareció ayer ante una comisión especial del Parlamento para defender los proyectos de ley que busca reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), en un intento por evitar su inminente colapso financiero.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, junto al ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, presentaron un informe que detalla las causas del déficit de la Caja. Según el documento, “el régimen actual implica que cada afiliado recibe entre dos y tres veces lo que aportó a lo largo de su vida activa”.

La propuesta del Ejecutivo incluye una suba en la edad jubilatoria mínima a 65 años, una modificación en la base de cálculo del sueldo básico jubilatorio, y un aumento en la tasa de aportes. La urgencia del tratamiento responde a que, según indicaron, “la Caja está al límite de su capacidad de cumplimiento de obligaciones previsionales”.

Desde la oposición, el diputado colorado Conrado Rodríguez manifestó fuertes críticas. “Si el proyecto de ley de 2023 se hubiera aprobado, no estaríamos en esta situación de urgencia y gravedad que nos señala el Poder Ejecutivo”, afirmó en diálogo con En perspectiva. En esa línea, recordó que la actual iniciativa “es mucho más severa que la del año 2023”.

Rodríguez también cuestionó el diagnóstico del gobierno respecto al origen del déficit. “A mi juicio no es, en este caso, la relación de lo que se aporta con lo que se termina cobrando”, dijo, y atribuyó el problema a decisiones tomadas por la Caja desde la entrada en vigencia de la ley orgánica en 2004. “El Estado tiene dos delegados y desde el año 2005 miró para el costado en una cantidad de resoluciones que tomó la Caja”, apuntó.

Respecto al aumento de la edad jubilatoria, el legislador señaló una contradicción con lo dicho por el gobierno durante la campaña electoral. “Decían que jubilarse a los 60 años era posible, pero ahora el proyecto establece 65. Es una enorme contradicción”, sostuvo, y agregó que “era totalmente una fantasía decir que podemos asegurar jubilaciones dignas a los 60 años”.

En cuanto a los cambios en los aportes, Rodríguez advirtió que un aumento excesivo podría tener efectos contraproducentes. “Pasar de 18.5% a 22.5% puede generar modificaciones no deseadas, como personas que deciden directamente el no ejercicio”, alertó.

Uno de los aspectos más controvertidos es el rol del Estado en el financiamiento. Según cifras del Ejecutivo, se prevé un aporte estatal de 33 millones de dólares anuales. “Creo que hay una responsabilidad del Estado acumulada durante muchos años y por lo tanto debería de tener una participación”, expresó Rodríguez. También propuso revisar el destino del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IAS): “Si hablamos de justicia y equidad, hay que analizar todas las variables”.

Finalmente, el legislador aseguró que su partido está dispuesto a trabajar en mejoras al texto. “Lo que nosotros tenemos que lograr es que esto, que es mucho más severo, tratar de aminorar la carga tanto a los pasivos como a los activos, de la mejor manera que se pueda”, concluyó.

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