El Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno ratificó por mayoría la imputación contra el intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, por delitos vinculados a una trama de corrupción en la comuna departamental. 

La decisión fue cuestionada por su abogado, el penalista Juan Fagúndez, quien denunció una violación al debido proceso y alertó sobre las consecuencias del fallo.

La resolución judicial, consignada por El Observador, confirma la imputación de Besozzi por peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncia, cohecho y reiterados delitos de abuso de funciones. 

Los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos conformaron la mayoría, mientras que la ministra Gabriela Merialdo votó en disidencia y pidió declarar la nulidad absoluta de la sentencia en primera instancia.

En entrevista con el programa En perspectiva, Fagúndez consideró preocupante la validación de un proceso en el que, a su juicio, Besozzi no tuvo las “garantías procesales” y “a la defensa no se le permitió ejercer técnicamente su trabajo”.

Según el abogado, el equipo legal recibió acceso parcial y fragmentado al expediente, sin poder revisar las grabaciones originales. “Nosotros queremos escuchar la grabación porque, por lo menos en varias de esas transcripciones, se detectó que están sacadas de contexto”, denunció

La ministra Merialdo argumentó en su voto discordante que “el proceso no puede subsistir sin defensa efectiva” y sostuvo que se violaron derechos fundamentales al no notificar debidamente a la defensa, ni permitir contradicción efectiva.

Fagúndez valoró esa postura: “Lo que dice la ministra es lo que dice la ley”.

El penalista también reclamó que, con esta sentencia, se “está consolidando algo que ataca el ejercicio profesional”. “Es imposible defender a alguien si tenés dos, tres o cuatro horas para estudiar un expediente que te llevaría dos o tres semanas, por lo menos”, señaló.

Mientras tanto, Besozzi continúa en prisión domiciliaria nocturna. Sin embargo, su situación para asumir el cargo el 10 de julio permanece incierta: no votó en la elección y enfrenta una medida cautelar que le prohíbe acercarse a dependencias de la intendencia.

“La Corte Electoral deberá resolver si justifica su omisión al voto. Y si no puede ingresar a la intendencia, podríamos denunciar una obstrucción de la toma de posesión del cargo”, advirtió el abogado.