Rampla: socios responsabilizan a Ignacio Alonso de situación del club y exigen respuestas

Un grupo de socios de Rampla Juniors se expresó este martes a través de un comunicado por la situación actual que atraviesa el club, apuntando, principalmente, a la sociedad anónima deportiva (SAD) que gestiona a la institución.

Estas personas, alrededor de 50, aseguran que el Picapiedra “siegue secuestrado” y exigen una “rendición de cuentas inmediata”. “La realización de la Asamblea de Memoria y Balance correspondiente, tal como lo dictan nuestras normas”, indican.

También piden “transparencia institucional”: “Informar de forma urgente a los socios e hinchas sobre la situación actual del club, el estado del concurso de acreedores y todo lo concerniente a la realidad jurídica de la institución”.

Otro de los puntos que exigen es el “cumplimiento urgente del contrato con la SAD” de Foster Gillett: “Pago del pasivo de 7 millones de dólares estipulado en el acuerdo con Soriano SAD, para proteger el patrimonio del club que se ha visto gravemente en peligro por las acciones judiciales que la SAD debería haber evitado por contrato”.

“Exigimos que se informe quiénes componen hoy en día la directiva, con nombre y apellido”, mencionan, y siguen: “Que se aclare la situación actual del club ante los flagrantes incumplimientos de quienes representan a la SAD. Es imperativo saber quién financia, así como el origen y destino de los fondos que se alega haber invertido”.

Por otra parte, exigen que Ignacio Alonso, presidente de la AUF, “artífice de la llegada de este grupo inversor, rinda cuentas ante los socios como principal responsable de la situación actual del club”.

Y, por último, solicitan “el cese de las violaciones permanentes a las decisiones de las asambleas de socios, que han sido ignoradas de pleno por la dirigencia”.

Foto: Cedida a FútbolUy

La delicada situación de Rampla

El pasado 4 de marzo, la Justicia declaró el concurso para Rampla Juniors por acumular cientos de miles de dólares de deuda que superan ampliamente el activo económico que tiene la institución. 

La decisión judicial, según el decreto al que accedió Montevideo Portal, se da luego de que el gobierno uruguayo comenzara a investigar a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por posible lavado de activos.

Estos dos empresarios estaban detrás de la SAD que fue impulsada en una asamblea del club. El cambio implicaba una inversión de más de US$ 2 millones, que nunca llegaron a las arcas del club, aunque sí ingresó US$ 1 millón que no formaba parte de la promesa inicial y se usó para que el club pudiera jugar. 

Desde el club explicaron a FútbolUy que “no hay repercusión deportiva” tras la decisión judicial.

“Esto es a la asociación civil. Ni la SAD ni el activo fútbol tienen que ver con esto. Esto es por embargos antiguos que tenía Rampla, que tiene una gran cantidad desde directivas anteriores”, aclaró Gastón Tealdi, presidente de la sociedad anónima deportiva que maneja el fútbol del club.

Sin embargo, deben saldar a una deuda que ronda entre los 600 y 650 mil dólares para poder competir en la Primera División Amateur (ex-C), categoría a la que el club cayó por primera vez tras hacer la peor campaña de su historia en 2025 en la B.