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El interés del Barcelona por fichar a Julián Álvarez en el último mercado de pases fue una de las principales novelas del verano español, aún cuando la ventana de transferencias cerró y se confirmó que el delantero seguiría en el Atlético de Madrid.
El jugador argentino pretendía cambiar de club, pero los colchoneros no estaban dispuestos a venderlo por menos de su cláusula de rescisión, que está fijada en 500 millones de euros. Antes, Real Madrid había ofertado 150 millones, una cifra a la que los culés no llegaron.
Barcelona contactó al jugador de forma directa para tentarlo y lograr que forzara su salida de la entidad colchonera, algo que el Atlético denunció por estar prohibido para todos los vínculos que estén a más de seis meses de expirar.
La FIFA se declaró incompetente ante el reclamo y la Real Federación Española de Fútbol sancionó a la institución blaugrana con el máximo previsto para el artículo que utilizó, pero la cifra es irrisoria: 602 euros.
“El club que desee contratar a un/a futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista”, es lo que indica el Reglamento de Competiciones en España.
La postura del futbolista ante la intransigencia de la institución, con la que firmó en agosto de 2024 un contrato hasta mediados de 2030, hizo que fuera silbado por los hinchas colchoneros en los primeros partidos posteriores a su vuelta de la Copa del Mundo.
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