Todo indica que habrá plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Si se aprueba, el sistema jubilatorio se convertirá en insostenible en función de la situación demografía actual y futura del Uruguay.

En medio de una gran fanfarria, en los últimos días el Pit-Cnt entregó al Parlamento las 430.000 firmas que le habilitarían a promover un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social aprobada por el Parlamento.

Con un marcado tono triunfalista y mientras se aguarda la validación de las firmas por parte de la Corte Electoral, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala aseguró esta semana en el acto de la central por el Día de los Trabajadores, que esa organización se prepara para asumir “el desafío de la acción” y “forjar la victoria popular”.

Curiosamente la central sindical y los principales fogoneros de la consulta —el Partido Comunista del Uruguay y el Partido Socialista—, en menos de un mes lograron reunir ese número de firmas, cuando a fines de abril habían reconocido que tan solo tenían 270.000, lo que les daba un estrecho margen para lograr la aprobación de la consulta.

Como una de las primeras acciones, el sindicalista, que también pertenece al Partido Comunista, propuso abrir “100, 200, 300 comités” en todos los barrios del país, que impulsen una consulta basada en que la seguridad social “es un derecho”.

“El objetivo es que la población, vote lo que vote a nivel de partidos políticos, coloque la papeleta por el Sí en la urna el próximo 27 de octubre”, afirmó.

También dijo que las 430.000 firmas entregadas el pasado sábado a la Corte Electoral, no solo dotan al planteo de una “altísima representatividad social” sino que también dan cuenta de la “plena vigencia del movimiento popular como el principal escudo de los débiles”.

Lo que evitó mencionar Abdala es que dentro del Frente Amplio no hay unanimidad en relación a la pertinencia y los efectos del plebiscito, ya que hay sectores más pragmáticos que entienden que la derogación de la reforma ya aprobada y la aplicación de las propuestas del Pit-Cnt no harán otra cosa que generarle un sinnúmero de dificultades a un futuro gobierno de la izquierda.

Sin ir más lejos, es muy curioso que la precandidata de estos sectores, Carolina Cosse, ha sido más que cauta al momento de referirse públicamente al plebiscito, mientras que su principal contendiente, Yamandú Orsi, ha eludido un pronunciamiento claro, tal como parece ser su costumbre.

Sólo el expresidente José Mujica dijo que no votaría por derogar la ley en el plebiscito, que haría algunos cambios, pero descartó “el terremoto de cambiar la Constitución”. A esto deben sumarse las opiniones de algunos economistas de izquierda, que con buen criterio se pronunciaron en contra del plebiscito.

Más allá de toda la defensa que puedan ensayar los esclarecidos dirigentes sindicales y economistas como el controvertido Daniel Olesker, lo cierto es que el texto de la papeleta a plebiscitar está hecho con una gran impericia y un gran nivel de improvisación, tal como la definió uno de los  redactores de la ley cuestionada, el abogado Rodolfo Saldain.

El plebiscito pretende fijar la edad jubilatoria en 60 años, aumentar las jubilaciones mínimas y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), cuyos ahorros individuales, pasarían a ser propiedad del Banco de Previsión Social (BPS), lo que en idioma castellano significa una apropiación, ya que se desconoce que ellos son propiedad de los ahorristas, por más que se hable de crear un fideicomiso.

También determina que “la seguridad social es un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”, prohíbe expresamente “los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio” y dispone que las personas que actualmente aportan al régimen de ahorro individual se incorporen al régimen de solidaridad intergeneracional administrado por el BPS, “con carácter retroactivo a la fecha de afiliación”.

En definitiva, la reforma que se habrá de plebiscitar no busca cambiar la norma trabajosamente lograda en este gobierno, sino que establece una serie de medidas que terminarán por destruir el sistema previsional y lo convertirán en insostenible en función de la situación demografía actual y futura del Uruguay.

Los promotores de esta trasnochada iniciativa deberían saber que los sistemas previsionales son siempre materia de ley ya que la realidad social de los países es cambiante y que debe evitarse caer en las rigideces que conlleva la norma constitucional.

Detrás de las manifestaciones de pretendida solidaridad y conciencia social de quienes impulsan el plebiscito se esconde un mesiánico voluntarismo que en caso de aprobarse conducirá al futuro gobierno a un inexorable camino de suba de impuestos y del déficit fiscal, para tratar de honrar el nuevo sistema.

Seguramente el camino que se propondrá será la tan mentada y populista fórmula de gravar “a los que más tienen” para financiar el nuevo sistema. Pero en la medida que se graven las actividades de quienes generan la riqueza del país no harán otra cosa que desalentarlos.

En materia de seguridad social no hay fórmulas mágicas. Cuando la base de aportantes disminuye como viene sucediendo en numerosos países el remedio es amargo pero es el camino a seguir: se aumentan las edades de retiro y los años de trabajo. Y un país como Uruguay es imposible que pueda escapar a ese difícil panorama porque en el mundo real no existen los milagros.