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Zona franca
Acto fuera del instituto Álvarez Cortés. Foto: APU
OPINIÓN | Zona franca

El director general de UTU debería renunciar o ser destituido de su cargo

Un problema de apariencia menor revela una nueva pugna por las memorias.

Por Fernando Butazzoni

10.05.2024 13:00

Lectura: 4'

2024-05-10T13:00:00-03:00
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El ingeniero Juan Pereyra no ha permitido hasta el momento que en la Escuela Técnica de Malvín Norte se instale una placa de memoria. En ella se señala que en ese mismo edificio, entre 1968 y 1978, funcionó un centro de reclusión de presos políticos menores de edad, conocido en su época como Instituto Álvarez Cortés.

Pereyra tiene una carrera académica acreditada. Según la página oficial de la ANEP es profesor técnico egresado del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), es ingeniero agrónomo y tiene además un posgrado en Estrategia Nacional y Altos Estudios Nacionales, cursado en el Calen del Ministerio de Defensa Nacional.

Sin embargo, ninguna experiencia académica habilita al ingeniero Pereyra a demorar o entorpecer la colocación de esa placa, acción que fue establecida de acuerdo a la ley por decisión de organismos del Estado, y ratificada por las propias autoridades del Codicen en agosto de 2023, mediante una resolución firmada por el entonces presidente del Consejo, su correligionario Robert Silva.

La explicación del retobo de Pereyra la da él mismo y es iluminadora. Ha declarado que la placa en cuestión “no trasluce la realidad histórica tal cual es”, y además tiene “términos bastante fuertes para estar dentro de un centro educativo”. Según su punto de vista, eso lo habilita para desconocer la ley.

¿Y qué dice la placa? “Ex centro de reclusión Álvarez Cortés del Consejo del Niño (1929-1983). Este lugar fue cárcel de niños y adolescentes desde 1929. Entre 1968 y 1978 funcionó como prisión para varones adolescentes que lucharon contra el autoritarismo y la dictadura militar. Nunca más terrorismo de Estado. Ley 19.641”.

Al ingeniero Pereyra le parece que ese texto “no trasluce la realidad histórica” y que su contenido contiene términos “bastante fuertes”. Pues vamos a traslucir aquella realidad histórica con hechos. Aportemos algunas referencias de niños y adolescentes que estuvieron presos, fueron maltratados y murieron en ese lugar en aquellos años.

G: (16 años en 1975): “Desde mi celda número 13, en el llamado ‘chalecito’, fui testigo. La celda tenía un charco de sangre, de un  niño que se había suicidado la noche anterior. Pasé más de una semana con la sangre pudriéndose ahí,  hasta que el jefe militar tiró un balde de agua con espadol   en el piso y arriba del colchón”.

F. (17 años en 1973): “En mayo de 1973, a un negrito de unos 15 años que intentó fugarse lo salieron corriendo con los perros ovejeros alemanes y lo agarraron. Lo trajeron sangrando, no se podía sostener en pie. El propio director en aquel momento y otros guardias lo llevaron  por el piso, a patadas, desde la puerta de entrada hasta los calabozos del fondo”.

T. (16 años en 1972): “Los calabozos miden 2,50 por 2 metros. El colchón en el suelo. Me pusieron esposado. El calabozo es oscuro; día y noche tiene una bombita encendida. Lo dejan a uno sin ninguna pertenencia”.

B. (16 años en 1972): “En el dormitorio hay mugre, mugre y mugre. Colchones mojados de orina, porque los de allí no los sacan a ventilar; En las sábanas, sangre, pus, esperma, orines”.

Hay más testimonios, unos cuantos más —y más crudos—, pero alcanza con los transcriptos. Y alcanza porque esos testimonios, entre otros muchos, son los que llevaron al colectivo “Memorias de Malvín Norte” y a otras organizaciones a solicitar la colocación de una placa recordatoria, y a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, creada por la Ley 19.641, a resolver positivamente esa solicitud. Todo se hizo conforme a derecho. Sin embargo, el ingeniero Pereyra decidió desconocer el mandato.

Además de ser una actitud poco académica, es una pena. Se comenta que tras el chisporroteo con las autoridades de ANEP —que lo instaron a declinar su actitud—, el ingeniero se plantó en sus trece y amenazó con renunciar a su cargo. Aún está a tiempo. Lo más digno sería que lo hiciera, o en todo caso que la ANEP lo destituyera. La postura del director Pereyra es incorrecta, se aparta de la norma, desacata a sus superiores directos y desconoce la ley. No es un buen ejemplo para el alumnado, al cual él debería contribuir a formar no solamente en saberes técnicos y profesionales, sino también democráticos.

Por Fernando Butazzoni


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