Vigilados

Los uruguayos nos hemos acostumbrado a lidiar cada día con asuntos referidos a nuestra seguridad. Delitos, delincuentes, minoridad infractora, reincidencia, cárceles, operativos, leyes y estadísticas, han servido para defender y atacar, según de qué lado del gobierno se esté o se haya estado. Pero abundancia noticiosa, bien lo sabemos, no siempre es sinónimo de calidad informativa ni mucho menos de capacidad de comprender. Solo así se entiende que, a esta altura del problema, sobrevivan algunas expresiones ingenuas.

Por lo pronto, desde el oficialismo comienza a reconocerse cierta expresión naif en su abordaje sobre el complejo fenómeno del delito y la violencia delictiva. Un fenómeno que excede en mucho su matriz de miseria, exclusión social y consumismo insatisfecho.

Según el senador de Asamblea Uruguay, Carlos Baraibar, el FA llegó al gobierno en 2004 con "una visión basada en temas sociales" lo que le impidió enfatizar adecuadamente en "los temas preventivos, de inteligencia, que son fundamentales". Si alguna prueba hace falta sobre este aprendizaje, alcanza con contrastar el discurso del primer ministro del Interior del Frente Amplio, José Díaz, con su ley de humanización del sistema carcelario y su énfasis en el respeto por los derechos humanos por parte de los policías, y el del actual titular de la cartera, Eduardo Bonomi, sus operativos de saturación y su reestructura de la Policía de Montevideo, por citar solo dos de sus innovaciones.

 Otra visión ingenua que cruza los partidos políticos y las ideologías es la de quienes suponen que el tipo de delincuencia que nos desvela se explica únicamente por la existencia de delincuentes, cada vez más numerosos, audaces y violentos. Para que un fenómeno de esa dimensión y características se consolide, es necesario que exista algún grado de connivencia con los encargados de perseguir a los delincuentes.

Hace un par de semanas entrevisté al jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández. El diálogo se centró principalmente en la reestructura que está en vigor desde el 6 de enero. Las respuestas del jerarca se pueden resumir en dos conceptos: mayor eficiencia en la lucha contra el delito y mayor control sobre la labor policial.

Ahora, los comisarios van a tener sobre sí una estructura institucional que les facilitará la tarea tanto como los someterá a continua vigilancia. Ya no será tan fácil simular que se desconocía la existencia de ese desguazadero de autos y esa boca de pasta base que estaban en boca de todos los vecinos.

El Ministerio del Interior parece dispuesto a enfrentar este flagelo, a tal punto que ya ha cosechado las primeras señales de rechazo y boicot. Quizás las innovaciones lleguen un poco tarde, al menos para la sensibilidad de aquellos ciudadanos que se sienten "regalados" frente a los delincuentes, pero van en el camino correcto.

Para seguir la línea argumental de las autoridades y dejar de lado visiones ingenuas, deberíamos concluir en que solo puede alcanzarse mayor eficiencia en la lucha contra el delito si, además de contar con más patrulleros y mejores sistemas de comunicación, se vigila más de cerca al vigilante.