Veto

La ratificación por parte del Plenario del Frente Amplio de su decisión de mandar a su bancada para que apruebe el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad dejó al presidente de la República con las manos vacías. No alcanzaron sus argumentos, tardíos pero severos, sobre las consecuencias que tal decisión tendrá en el humor ciudadano.

En su audición radial del jueves pasado, Mujica señaló que con la alternativa legal que se plantea, una mayoría parlamentaria mínima, conseguida "por una hojilla" y con menos del uno por ciento de los votos, pasará por encima de dos consultas populares, chocando así con el principio de "respetar la voluntad de la gente".

Reconforta escuchar al presidente de todos los uruguayos velar por la minoría y recordarle a sus propios compañeros algunas cuestiones básicas de la vida en democracia. Para Mujica, esta no puede ser una cuestión de "tecnicismos jurídicos", ni puede ser un asunto de "abogados y constitucionalistas" ni mucho menos de la "aristocracia intelectual".

Visto así, parece difícil que una fuerza política que espera renovar su mandato de gobierno, sea capaz de decirle al pueblo que "no entiende cuando vota y que se lo consultó por equivocación", al decir del presidente. Pues esa fuerza política existe, se llama Frente Amplio y compromete su enorme caudal electoral jugada a la decisión de una aristocracia militante, inamovible e inconmovible ante las súplicas de sus líderes más populares.

En este ambiente de profundo desencuentro partidario, Mujica decidió cambiar el foco de atención y arremeter contra la oposición por pedir la renuncia de un par de ministros. "¿Qué, están de varitas?", se preguntó, retóricamente, ante una interrogante que solo puede admitir el sí como respuesta.

En los regímenes democráticos, la oposición no tiene libreta de conducir y por eso se dedica a controlar el tránsito, es decir, a determinar si las iniciativas y realizaciones que promueve la mayoría se ajustan a la ley o a lo que ella considera adecuado. Sobre todo en una democracia en la que la oposición tiene tantos votos como el oficialismo, salvo "por una hojilla".

La legitimidad que asiste a la bancada de gobierno de defender a sus ministros en el Parlamento es simétrica a la que asiste a la oposición de pedir que renuncien. ¿Qué suerte podría correr un ministro que fue señalado por el propio presidente como el responsable de impulsar un proyecto de ley con efectos tan nefastos sobre la fuerza política de gobierno y los principios democráticos?

El sábado pasado, la mayoría del plenario se hizo cargo de una nueva ocurrencia: encomendó a una comisión estudiar la posibilidad de someter a la consideración popular por tercera vez el mismo asunto, aunque nadie asegura que esta sería la definitiva. Es difícil entender por qué el Mujica, que tantas veces ha cambiado de opinión, se niega a utilizar el mecanismo del veto. Podría ahorrarle al país y a su propia fuerza política los problemas que generará una norma inconstitucional que no llegará a aplicarse y que surge del desprecio por la "opinión de la gente".