Un puente demasiado lejos

Si la fórmula que manejan los gobiernos de Uruguay, Argentina y España para destrabar el conflicto por la instalación de Botnia es cierta, la solución es apenas una ilusión. El periodista Joaquín Morales Solá detalló en su columna del pasado domingo en el diario La Nación los pasos y la agenda de un inminente acuerdo entre Buenos Aires y Montevideo. Un acuerdo apurado, al parecer, por dos razones: la determinación de la diplomacia española para que la mediación del rey Juan Carlos muestre sus frutos en la Cumbre Iberoamericana (a celebrarse el próximo noviembre en Santiago de Chile) y la sucesión presidencial argentina, que impulsaría al presidente Kirchner a encontrar una solución al conflicto con Uruguay para no dejarle semejante presente griego a su esposa. El encuentro de los cancilleres y secretarios presidenciales con el facilitador Yánez Barnuevo, a realizarse en algunas semanas en Nueva York, haría el resto.

Morales Solá detalla algunos puntos del acuerdo: 1) Argentina aceptaría el monitoreo conjunto, 2) Uruguay negociaría con los puentes cortados y se comprometería a no autorizar nuevas plantas sobre el río compartido, para mantener el conflicto “encapsulado” en Gualeguaychú, y 3) ambos gobiernos realizarían inversiones conjuntas en la “preservación del medio ambiente y el turismo” en el litoral entrerriano, buscando aislar a los “activistas ideológicos” de la Asamblea Ciudadana. Si así están las cosas, conviene recordar que el origen del conflicto fue en Gualeguaychú y todas las acciones que se emprendieron hasta ahora no han hecho sino fortalecer la identidad de la Asamblea y de la ciudad en su conjunto.

¿Cómo se piensa destrabar este nudo? Morales Solá sostiene que, en el marco de los acuerdos, se concretaría “una fuerte inversión conjunta en la preservación del medio ambiente y en el turismo en el litoral de Entre Ríos, una idea demasiado vaga como para hacer entrar por le aro a los insumisos piqueteros entrerrianos. Habría que recordarle a los gobernantes rioplatenses que el conflicto se disparó por la percepción de la sociedad gualeguaychuense de que la producción de celulosa en Fray Bentos iba a exponerlos a graves consecuencias sanitarias, pero más allá de eso, el “no a las papeleras” se convirtió hace ya un buen tiempo en una razón de ser para el pueblo de Gualeguaychú. Pronto su lucha le permitió acceder al gran escenario mediático y político, tanto a nivel nacional como regional e internacional, una plataforma para trascender el anonimato y la calma chicha habituales. En apariencia, estamos ante un problema ambiental, fogoneado por la imprevisión, el mutismo, la demagogia, el fanatismo y los intereses corporativos. Si hilamos más fino, veremos que la voluntad de evitar el holocausto celulósico, se convirtió en un asunto central para miles de ciudadanos entrerrianos, que se sienten, quizás por primera vez, protagonistas de su destino. Las autoridades uruguayas prefieren creer que esa dimensión del problema está fuera de su área de competencia. Comparten con sus pares argentinos una visión capitalina y diplomática del diferendo, minimizando (al menos así lo sugiere lo poco que se sabe de la hipotética solución) la dimensión local, emocional y existencial del conflicto.

Salvo en las altas esferas gubernamentales, la situación no ha cambiado en el último año sino para peor. Los síntomas de malestar de un lado y otro del río se agudizaron, con la prolongación del corte, la beligerancia de la asamblea ciudadana de Gualeguaychú que ahora se anima incluso a cortar la ruta del MERCOSUR y a protestar fuera de fronteras. En Fray Bentos también crece el rencor. Si bien esta vez nadie salió a enfrentar a los manifestantes, no se debería descartar una reacción más violenta, en la medida que se reitere la protesta de los entrerrianos.

Hasta ahora, el conflicto no se solucionó porque las acciones que se promovieron por parte de los gobiernos no apuntaron a las verdaderas causas, que no están en Buenos Aires ni en Montevideo sino en Gualeguaychú. A esta altura de los acontecimientos, todos los involucrados deberían tener claros los intereses de fondo y a la dimensión que el “no a las papeleras” ha tomado para la población de esa ciudad. Ya no se trata de reaccionar frente a lo que consideran una amenaza de catástrofe inminente sino una cuestión de orgullo local, una razón de ser colectiva.

¿Cuál es la alternativa que se le ofrece a Gualeguaychú? ¿Aceptar el monitoreo de lo que definen como  “la planta de la muerte” que los está “matando día a día”? Por otra parte ¿qué canal de televisión y qué cumbre presidencial van a dar cuenta de un trabajo burocrático, tan alejado de las épicas marchas y piquetes contra los piratas finlandeses? La salida deberá ser acorde con la jerarquía que la población gualeguaychuense le ha dado a su lucha, cualquiera sea el juicio que merezcan sus argumentos y su metodología.

Es probable que en un marco de negociación formal puedan aparecer soluciones creativas, algunas de las cuales ya han sido formuladas y rechazadas, más por su improcedencia que por su inconveniencia.
De acuerdo a lo que adelantó Morales Solá, la solución parece estar aún demasiado lejos.