Un asunto bicho

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se mostró disgustado por el trabajo de algunos medios periodísticos en la cobertura del secuestro de Ignacio Rospide. Bonomi acusó a los colegas de "poner en riesgo la vida" de Rospide y adelantó su idea de reunirse con "los responsables de los medios y saber qué vamos a hacer respecto a este tema". El asunto no es tan sencillo y resulta más delicado de lo que parece.

La idea de ocultar información durante un tiempo o sobre ciertos aspectos del caso con el objetivo de no entorpecer la investigación policial parecería razonable, si de su difusión dependiera efectivamente la vida de la víctima. Si se piensa en lo que ocurre en la realidad cuando se omite información y cuando los actores involucrados saben que existe un "pacto de silencio", la cosa cambia. La experiencia indica que la ausencia de información nunca es sustituida por el silencio. El hueco que deja la falta de información difundida por medios reconocidos y profesionales lo ocupa el rumor, la información de mala calidad, los medios informales (el boca a boca, etc.).

Dicho de otro modo, si el secuestrado no era el empresario Ignacio Rospide, ¿quién era? ¿Mi tío Carlos? ¿Mi vecino? ¿Era un corredor de bolsa, un estanciero o un contratista de fútbol? ¿Será de verdad un empresario o estarán escondiendo otra cosa? ¿Y si es un político de alto vuelo, como un ministro o el Presidente de la República? La falta de información de calidad es sustituida por información basura, rumores, trascendidos y especies por el estilo. Como se ve, la enmienda puede ser peor que el soneto.

Sería mejor que todos los involucrados en este tipo de delitos (incluyendo a los eventuales secuestradores) supieran de antemano que con la prensa no se juega ni se pacta silencio, y que los medios van a publicar toda la información a la que puedan acceder y confirmar y que estimen de utilidad para que la sociedad se mantenga al tanto de lo que está pasando.

El presidente Mujica terció ayer en el diferendo, abogando por la colaboración entre los periodistas y la Policía. Nuevamente, estamos ante un planteo en apariencia razonable pero totalmente inadecuado. El día que los periodistas colaboremos con la policía la sociedad se quedará sin ese foro independiente de todo poder que debería ser el periodismo. Desde el punto de vista profesional, se estará abandonando uno de los principios rectores, como es el de informar sobre las cosas que ocurren sin tomar partido por ninguna de las partes. Pero si bien la prensa no tiene por qué colaborar con ninguna institución, tampoco tiene como misión perjudicar a nadie. Eso quiere decir que, de una adecuada práctica profesional, deberían surgir los criterios que permitan discernir si la difusión de una noticia puede o no postergarse, en circunstancias especialísimas, para proteger el cumplimiento de la ley o la integridad física de los involucrados.

El silencio de los medios de comunicación sobre algunos aspectos de la investigación no alcanzará como garantía de que los secuestradores no se enteren de lo que hacen las autoridades. ¿No han sido policías los que secuestraron y mataron a Pascual Zarrillo? ¿No se sospecha que también hay un expolicía involucrado en el caso de Rospide?

Tampoco parece razonable que el ministro se reúna con los dueños de los medios para acordar limitaciones a la libertad de información que la Constitución no reconoce y que involucra criterios profesionales propios de los periodistas. La mayoría de los medios electrónicos (radio, TV. y portales de Internet) no son medios periodísticos sino empresas que desarrollan una oferta variada en la que se incluye, en algunos casos, servicios informativos. La perspectiva de sus responsables sobre este tipo de fenómenos es esencialmente empresarial y no tiene por qué considerar ni dar prioridad a los criterios profesionales y deontológicos que el periodismo ha desarrollado durante décadas para servir mejor a la comunidad.

 A propósito, la ocasión debería ser propicia para que finalmente medios y periodistas nos hagamos cargo del malestar que genera en el público la opacidad con que resolvemos nuestros asuntos. La sospecha de que nuestras decisiones están inspiradas en intereses corporativos o mezquinos, cuando no en la arbitrariedad y la irresposabilidad, son el resultado de nuestra mala praxis pero también de la falta de transparencia con que decidimos qué se publica, qué se destaca y qué se omite.

Es probable que, en este marco de reprimenda ministerial, medios y gobernantes acuerden medidas restrictivas que perjudiquen el normal desarrollo profesional y el derecho de los ciudadanos a disponer de información veraz y pertinente en el menor tiempo posible.