Sin embargo, para que la iniciativa no quede en una mera venganza sectorial, debería incluir otras profesiones y aspectos del contrato laboral; realidades que, tomadas en conjunto, exhiben con mayor precisión las eventuales injusticias.
La primera es que los docentes merecen ganar tanto como los legisladores, unos 160.000 mil pesos por todo concepto. Podrá alegarse que no hay cómo financiar semejante acrecencia, como tampoco se sabe de dónde saldrían los 1.500 millones de dólares que se necesitaría para financiar el reclamo de los gremios docentes, pero sigamos adelante con las vindicaciones.
A esta equiparación salarial habría que agregarle, justo es decirlo, el acondicionamiento de escuelas y liceos, lo que supone aislarlos de la humedad y el frío, además de dotarlos de servicios de cafetería y restaurante. Y para que esto no constituya un privilegio reñido con la fraternidad de clase, extendamos estos beneficios a los periodistas recién egresados. Así, los jóvenes colegas saldrán de las universidades con trabajo perpetuo (a resguardo de jefes tiránicos y fluctuaciones de mercado), jornadas laborales de cuatro horas, fines de semana libres, tres meses de vacaciones y pleno empleo.
Los sueldos seguirían siendo bajos, como lo son ahora los de los docentes, pero ya no estarían entre los trabajadores que la pasan peor, ese medio millón de compatriotas que gana menos que eso, no tuvo 62 por ciento de aumento en los últimos años, cumple jornadas de ocho o diez horas, está sometido a la pérdida del trabajo por razones de mercado o empresariales y descansa veinte días por año.
Debería incluirse en la recolección de firma estos casos de flagrante injusticia y equiparar sus "carreras" a las de una docente de Primaria. Si así fuera, cualquier trabajador podría aspirar a unos treinta y cinco o cuarenta mil pesos de ingresos al final de su carrera, si asciende a un cargo de inspección gracias a su esfuerzo y estudio. No es mucho pero se corresponde con los salarios de la administración pública, cuya pirámide está aplanada por decisión de legisladores y sindicalistas. Además, si tiene problemas con las jerarquías o comete una falta grave se va a trabajar a otra dependencia sin perder su puesto.
Si bien no se sabe a cuántos legisladores alcanzaría la medida (de hecho, el 90 por ciento de los funcionarios de ANEP gana 14.000 pesos o más) se podría mantener la ocurrencia original de los gremios de la enseñanza asegurándole a diputados y senadores todos los beneficios de la carrera docente, lo que incluiría una banca de por vida. Esto, para ser estrictamente justos, independientemente de los resultados que cosechen y de lo que piensen al respecto quienes ponen el dinero para su salario. En tales condiciones de igualdad, es muy probable que la mayoría de los diputados y senadores, que no es gente de fortuna, esté dispuesta a considerar el trato.
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