Trasfondo

La crisis desatada entre el Codicen y Secundaria puso al país sobre aviso: cada iniciativa que no sea avalada por los gremios docentes será bloqueada. Incluso un modesto plan piloto como Promejora puede generar un enfrentamiento de tal magnitud que amenace el fin de los cursos y termine con las autoridades del Codicen declarando en sede penal por presunta violación de la autonomía.

El poder de veto de la corporación docente es tan monumental que ha logrado mucho más que los ansiados cargos en los consejos; aisló a los docentes auténticamente reformistas y silenció toda consideración seria sobre los imprescindibles contrapesos que pudiera morigerar su poder.

La descentralización y el empoderamiento de los institutos en el proceso educativo encuentran en el mundo dos características fundamentales: la participación de la comunidad y sus actores (no solo de los docentes) en la toma de decisiones, y los mecanismos de rendición de cuentas, conocidos en inglés como "accountability". Lo que se busca es que la transferencia de autoridad a los distintos niveles sea real y que las relaciones de responsabilidad (o rendición de cuentas) sean consistentes con esa transferencia. Como parecería razonable, mayores niveles de autonomía generan mayores niveles de contralor, sobre todo si el negocio se financia con plata ajena.

Si alguien piensa que esto es un invento del Banco Mundial y su concepción neoliberal y mercantilista de la educación, sería bueno que considerara lo que la Unesco propone al respecto. En su documento sobre "Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (2009), la Unesco sugiere la necesidad de "tomarse en serio" el compromiso con la equidad (el sistema que Fenapes no quiere cambiar es, según el profesor Ricardo Vilaró, "un factor de amplificación de inequidades y desigualdades"), contar con "una definición clara y una evaluación precisa de los resultados académicos", reforzando la capacidad de "medición, seguimiento y evaluación de la calidad educativa".

En su capítulo sobre gobernanza, el organismo concluye que "incluso en estructuras oficialmente descentralizadas, el gobierno central sigue desempeñando un papel clave en varias esferas" tales como "la concepción de los planes de estudio y los materiales didácticos". Esto ocurre en Estados Unidos y en toda Europa, donde los planes de estudio se elaboran de forma conjunta entre las escuelas y los docentes "sobre la base de un marco general establecido por el gobierno central".

Podríamos pensar que el debate educativo uruguayo ha sido tan fermental que permitió el surgimiento de políticas y directivas de una extraordinaria originalidad, lo que explicaría por qué van en sentido contrario al mundo. Una visión menos ingenua sugeriría que la corporación docente no buscaba incorporar las mejores prácticas sino, lisa y llanamente, controlar el dinero y el poder de educar, según su parecer, a los niños y jóvenes uruguayos. Algunos actores políticos relevantes parecen haberse desayunado sobre este trasfondo la semana pasada.