Tócala de nuevo, Sam

Con el salvataje de setecientos mil millones de dólares para rescatar Wall Street, George W. Bush pretendía inscribir una nueva marca en su ya prolífico curriculum vitae. No contento con empantanar a sus tropas en dos guerras costosas y lejanas, ni con llevar a su país a la peor crisis financiera en ocho décadas, Bush pretendió rescatar de la debacle a un grupo de empresas financieras fundidas o a punto de fundirse. Hasta ahora, el único gobernante de mundo que anunció su voluntad de comprar empresas fundidas con dinero del pueblo era el venezolano Hugo Chávez pero de no haberse opuesto la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, su odiado colega le hubiera ganado la delantera.

El salvataje de activos bancarios propuesto por el gobierno federal hubiera constituido la mayor estatización en un solo acto de que se tenga memoria, lo que pondría al tejano entre los principales líderes socialistas de la historia, al lado de Lenin, Fidel Castro o Mao Tze-Tung. El mensaje de Washington a los aventureros financieros de Wall Street y de todo el mundo parecía claro: venga a especular con nosotros que las consecuencias de su irresponsabilidad la pagarán los contribuyentes.

No hay de qué extrañarse. Después de todo, fue la política expansiva de la Reserva Federal la que abrió el chorro del dinero fácil para los préstamos hipotecarios subprime. Fueron funcionarios estatales de alto rango quienes, además de generar inflación, ayudaron con sus decisiones a que se distrajeran recursos que pudieron tener destinos productivos en lugar de intoxicar el sistema financiero. Finalmente, fue desde el gobierno que se alentó a los estadounidenses a vivir endeudados y a gastar más de la cuenta. Eso se llama intervención estatal, no libre mercado.

Los críticos de este modelo le reprochan al gobierno haber dejado que los bancos de inversión realizaran operaciones de alto riesgo prácticamente sin restricciones ni controles adecuados durante demasiado tiempo y fogonear la crisis con una política monetaria al menos temeraria, que indujo a los bancos a realizar préstamos hipotecarios de dudosa cobranza.

El plan rechazado por la Cámara de Representantes hubiera sido un subsidio de los contribuyentes a los inversores, especialmente a quienes han tomado decisiones riesgosas o equivocadas, con el argumento de que el costo de no hacer nada puede desembocar en un futuro mucho más costoso. Así lo entienden al menos tres de cada cuatro estadounidenses, muchos de los cuales hicieron llegar a sus representantes su indignación. El salvataje se sustentaba en una ley aprobada durante la Gran Depresión, por la cual el gobierno federal puede prestar dinero a cualquier individuo o corporación en circunstancias inusualmente exigentes, cuando el prestamista no tenga otros medios para hacerse de sus fondos. Pero no debería descartarse la hipótesis de que Bush, como Chávez, haya descubierto las ventajas de comprar empresas fundidas. Desde luego que con dinero de los contribuyentes, no con el propio.