Tahití

Es difícil encontrar una consulta popular que se resuelva con cifras tan contundentes. Sus promotores apenas pudieron convocar al 9 por ciento de los habilitados, lo que equivale a uno de cada cinco opositores a la ley (se calcula que el 46 por ciento de la ciudadanía está en esa posición). Dicho de otro modo, el 80 por ciento de quienes rechazan la cuestionada ley le dio la espalda a la convocatoria, a pesar de que se movilizó la flor y nata de la dirigencia política, incluyendo a los precandidatos presidenciales de todos los partidos y a toda la dirigencia de la oposición.

El resultado es aún más desolador para los líderes religiosos. En un país donde 7 de cada 10 habitantes se consideran cristianos (más de la mitad de la población dice ser católica) el nivel de desacato de los feligreses a la convocatoria de sus pastores expresa un fracaso estrepitoso.

Las razones para semejante desaire son múltiples y de difícil dilucidación. Puede ser que la gente no crea que la nueva ley vaya a tener los efectos calamitosos que se auguran, o bien que se dé por satisfecha con la sanción parlamentaria, a la que se llegó el año pasado tras décadas de debate público.

Por lo que sea, el 91 por ciento de la ciudadanía rechazó la oportunidad de someter a referéndum la despenalización del aborto. El resultado es tan contundente que el senador Pedro Bordaberry lo comparó con la goleada por 8 a 0 de Uruguay sobre Tahití.
Más allá de lo que se piense sobre el tema de fondo, deberíamos festejar la lección de independencia de nuestra ciudadanía, que no parece dispuesta a dejarse arriar ni manipular fácilmente.

El segundo pronunciamiento es el de la mesa departamental de Ademu, el gremio de los maestros de Montevideo, que expulsó de sus filas a ex dirigentes y militantes que ocupan cargos de gobierno. Si bien la decisión tiene un alcance interno (aún no está claro si este proceso, más parecido a un linchamiento que a una decisión democrática, forma parte de los estatutos de Ademu) refleja valores inversos a los del referéndum y alerta sobre un problema colectivo.

Lo grave del hecho es que un colectivo docente, que pretende incidir en la formación de nuestros niños y niñas (especialmente en cuestiones como la educación para la convivencia social y ciudadana) expulse a sus pares porque piensan o toman decisiones contrarias a la opinión de una mesa de delegados y sin darles el derecho a defenderse.
La situación es a tan arbitraria que una de sus víctimas, el subsecretario de Educación y militante comunista Oscar Gómez, afirmó que la resolución era propia de regímenes totalitarios.

En el caso de Ademu, y a diferencia de la fallida convocatoria a referéndum, fue Tahití quien ganó 8 a 0, poniendo en tela de juicio la generalizada presunción de que nuestra sociedad es suficientemente tolerante y democrática.