El discurso del domingo pasado fue un revival de lo que hemos visto y oído durante los últimos cuatro años: para la Asamblea, todos los que sostienen opiniones diferentes a las suyas son "serviles de las multinacionales", "inhumanos" o "mentirosos". Ellos, en cambio, son gente que "no tiene precio".
La lógica que está detrás de esta conducta termina generando un círculo vicioso del que no les resulta sencillo escapar: alguien lanza una frase rotunda y maniquea (pongamos por caso, "la pastera contaminante", "la planta ilegal" o "Uruguay violador") que se convierte a la vez en una consigna y una verdad auto evidente, de modo que nadie puede cuestionarla. Este procedimiento es propio de los grupos mesiánicos y fundamentalistas, y supone siempre alguna forma de violencia. La primera es contra cualquier sistema lógico, pero le siguen formas más o menos evidentes de violencia verbal e incluso física.
La violencia contra la lógica o la realidad, los llevó a aislarse y a quedar solos. De nada sirvió avisarles de que la eventual contaminación era, por lo menos, discutible, como no parece que vaya a funcionar ahora señalarles que el fallo de La Haya, lejos de determinar la ilegalidad de la planta de celulosa, consagró la inexistencia de impedimentos para que siga funcionando. Sobre lo primero, el gobierno argentino no pudo aportar ninguna evidencia. Sobre lo segundo, alcanza con leer el fallo con imparcialidad y un mínimo de conocimiento sobre derecho internacional.
Durante el tiempo que llevó el juicio, la Corte consideró tanto los asuntos formales como los sustanciales de la actuación del gobierno uruguayo con relación al Estatuto del río. A pesar de constatar que no se respetaron las formalidades, no encontró mérito para sancionarlo porque sobre los asuntos sustanciales, Uruguay tomó todas las precauciones del caso y aplicó una normativa ambiental que se encuentra entre las más severas del mundo. Si alguna sospecha de ilegalidad había, el fallo de la Corte termina de despejarla. Lo que más mortifica a los activistas de Gualeguaychú es que la convalidación internacional de la planta es el resultado de su propia estrategia.
Pero todavía hay algo peor que la intransigencia de los asambleístas y es que en los años que lleva el conflicto, la sociedad gualeguaychuense no haya podido construir en todo este tiempo una voz que exprese con sensatez y mesura su convencimiento de que la planta es potencialmente contaminante. Mientras esto no ocurra, no habrá solución a este largo y destructivo conflicto, independientemente de lo que ocurra con el corte.

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