Sin clase

Por un lado, los gremios piden un aumento salarial cercano al 80 por ciento para los docentes recién egresados. Por otro, la senadora oficialista Lucía Topolansky asegura que no se cederá a las presiones y el vicepresidente Astori dice que, en todo caso, de lo que habría que hablar es de resultados. Un verdadero diálogo de sordos, sobre todo si se tiene en cuenta los antecedentes inmediatos.

Los docentes recibieron en los últimos años más aumentos que la mayoría de los trabajadores públicos, aunque sus salarios siguen siendo muy bajos y los resultados son paupérrimos. Por cierto, nadie asume la responsabilidad por el despilfarro que supone aumentar los recursos financieros y obtener peores resultados.

El gobierno quedó empantanado con los gremios de la enseñanza (a los que algunos sectores del oficialismo controlan y amparan) y el riesgo de desempatar constituye una amenaza de tal envergadura para la unidad del Frente Amplio que bloquea cualquier cambio sustantivo.

El escenario es desolador. El país está viendo pasar una década de prosperidad inédita sin que se registren transformaciones sustanciales en algunos ámbitos cruciales para el desarrollo económico y social, como la infraestructura y la educación. El gobierno se reprime de aplicar experiencias exitosas en materia educativa y los gremios de docentes excluyen de sus decisiones (basadas, en términos generales, en reclamos justos) cualquier consideración del daño que causan sus medidas a los alumnos y sus familias.

No hay otro asunto público que requiera más que la enseñanza la implementación de políticas de Estado y probablemente sea en el que más lejos se está de concretarlos. Un asunto en el que la oposición ha hecho propuestas de todo tipo (la más reciente del senador Bordaberry, promoviendo el financiamiento directo de la educación en zonas carenciadas en institutos públicos de gestión privada) y no pierde oportunidad de arrinconar al gobierno por su inmovilismo.

Es probable que las familias que utilizan la enseñanza pública puedan entender la compleja realidad de la lucha contra el delito; incluso la lentitud con que aumenta el salario de los "diezmilpesistas", situación que afecta a cuatro de cada diez trabajadores.

En ambos casos, las soluciones son complejas y requieren tiempo. El problema de qué hacer con el hijo o la hija ante una huelga en las escuelas y liceos, en cambio, constituye un trastorno mayúsculo. Así las cosas, los sindicatos de la enseñanza (orientados por militantes del Frente Amplio y principales beneficiarios del reparto presupuestal) están generándole al partido de gobierno más problemas que la oposición.