Silenciosas

Existen varios indicadores eficaces para medir el grado de democracia y libertad que se vive en un país. El más obvio y genérico, tiene que ver con la posibilidad de los ciudadanos de organizarse para defender y promover sus ideas por medios pacíficos. Cuanto mayor sea la distancia ideológica entre el gobierno y su adversario más encarnizado, mayor será el grado de libertad.

Otro indicador, derivado del precedente, repara en las posibilidades reales que tales organizaciones tengan de acceder a los medios que le permitan difundir sus ideas en condiciones de equidad con el oficialismo y acceder al gobierno si fuera del caso. Nuevamente, cuanto menores sean las limitaciones, mayor será el grado de libertad y más sólido el estado de Derecho y la democracia.

Pero quizás el método más eficaz sea observar cómo trata el oficialismo a la oposición. Los tiranos se caracterizan por no reconocer legitimidad o dignidad alguna en sus adversarios, de modo que los argumentos contra sus ideas son sustituidos por ataques e insultos personales. Por eso los atropellos contra los derechos civiles y la integridad física y moral de los opositores, lejos de constituir accidentes o excepciones, forman parte constitutiva de su política doméstica y son justificados con total desfachatez.

En los países en los que las instituciones democráticas están arraigadas, los debates políticos pueden ser más o menos encendidos pero a nadie se le ocurre poner en duda la legitimidad del contrincante ni cuestionar su integridad moral por su condición de tal, ni mucho menos lanzar a los policías o a los civiles organizados en milicias oficialistas a hostigar a los disidentes. La memoria de lo ocurrido durante las más recientes dictaduras latinoamericanas viene en nuestra ayuda para recordarnos este tipo de procedimientos.

En las mejores democracias, la ley constituye un freno al poder de las mayorías. En los regímenes despóticos y dictatoriales, en cambio, la mayoría es utilizada para avasallar a los menos, ya sea con instrumentos electorales o represivos.

El célebre politólogo italiano Norberto Bobbio coincidía con Karl Popper en que un gobierno democrático se puede distinguir de uno que no sea en la posibilidad de cambiar a gobernantes sin necesidad de apelar a métodos violentos. Bobbio comprendía que, siendo los valores fundamentales de una sociedad democrática la libertad y la igualdad, ambos debían convivir en delicado equilibrio puesto que la consagración absoluta de uno terminaba aniquilando al otro y al propio régimen democrático en su conjunto.

Dicho de otro modo, no hay democracia sin libertad ni la hay sin igualdad, al menos en el sentido del ejercicio pleno de las libertades políticas, lo que supone también algún grado de bienestar material y espiritual. Para el turinés, solo en un régimen democrático pueden prosperar las “revoluciones silenciosas”, unas transformaciones sociales que no son paridas por la violencia sin por el debate de ideas y el cambio de paradigmas en las personas.

Tenemos entonces un conjunto de reglas (libertad de asociación y expresión, respeto por los disidentes y reglas de juego igualitarias que habiliten el relevo pacífico del poder) que nos permiten distinguir, con cierto grado de ecuanimidad, un régimen democrático de una tiranía.

Para quienes miren la teoría política con escepticismo, está la memoria colectiva de los uruguayos y su reciente dictadura. Y aún a riesgo de que resulte sobreabundante, también están las Damas de Blanco, un grupo de mujeres cubanas que visita Uruguay por estos días, buscando algo parecido a la solidaridad que una vez necesitamos los uruguayos. Piden la libertad de sus familiares, prisioneros del régimen de los hermanos Castro por reclamar algo al menos parecido a la democracia.