Salario, empleo y un ministerio flechado

Nadie puede dudar que durante todos estos años ha habido notables avances en la consagración de los derechos de los trabajadores.

Uno de los ejemplos más notorios ha sido la regularización del trabajo doméstico y la reivindicación de sus derechos, de lo que en estos días se cumplen diez años, empezando por su remuneración y demás normativas y protecciones básicas de todo trabajador.

La constitución de los Consejos de Salarios también está en la lista de los avances logrados en estos últimos años. La negociación colectiva y los acuerdos por sector han tenido logros muy relevantes que permitieron mejorar en forma continua el poder adquisitivo de los trabajadores, aprovechando un crecimiento económico histórico.

Todo lo antedicho se ubica en el haber de lo alcanzado en materia de relaciones laborales y distribución de la riqueza.

Junto con ello sería una omisión no señalar la existencia de abusos en varios aspectos por parte de algunos sindicatos, particularmente vinculados al sector público, en el que el recurso del paro ha sido, a nuestro juicio, exagerado y equivocado y las estrategias de conducción de los conflictos no han estado exentas de abusos y desequilibrios notorios.

De todos modos, la historia registrará este período como un período de avances laborales relevantes y valiosos que deben ser reconocidos.

Sin embargo, el problema actual es que ni el movimiento sindical, en la mayoría de los casos, ni el gobierno, quizás por la cercanía de los tiempos electorales, parecen asumir que los tiempos económicos han cambiado y que la bonanza y el crecimiento de los años anteriores ya no existe y, peor aún, las perspectivas en el horizonte inmediato indican que tendremos dificultades crecientes.

Es por ello que se ha esquivado un debate inevitable e imprescindible, que indica que la mantención de los puestos de trabajo, en tiempos de crisis de competitividad y crecimiento, se contrapone a las demandas de aumento del salario real. El PIT-CNT ha pretendido ignorar los límites que el marco económico notoriamente señala para seguir manteniendo, con análisis y discursos totalmente ajenos a la realidad que vivimos, la pertinencia de los reclamos crecientes de mayores aumentos salariales. A su vez, el gobierno propone pautas de incremento salarial que no se ajustan a los tiempos que se viven, volcando la balanza de manera evidente en favor de esta demanda sindical.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que el propio Ministro de Trabajo está lanzado tras su propia candidatura, lo que, en los hechos, no hace otra cosa que aumentar el sesgo de su postura buscando reafirmar el apoyo de su base electoral.

Por otra parte, la combinación es más explosiva porque las cifras de la economía no hacen otra cosa que mostrar una vulnerabilidad cada vez mayor. Tanto en materia de déficit fiscal (trepando al 4%) como en endeudamiento (acercándose peligrosamente al 50%) inflación (superando el 8%) o expectativas de crecimiento (tendiendo a reducir su meta cada mes que pasa), todo va en la dirección de aumentar el riesgo y aconsejar prudencia y cautela.

Entonces, el gobierno debería ser el primero en enviar señales de prudencia en las negociaciones salariales y en la resolución de los conflictos existentes.

Todo lo contrario, el Ministerio de Trabajo ha asumido una postura sesgada y notoriamente proclive a las demandas sindicales, más allá de la realidad de que se trate. El caso más grave y urgente es el conflicto de CONAPROLE, en el que la actitud del Ministerio es notoriamente "flechada" disminuyendo las posibilidades de solución al conflicto.

El retiro de las gremiales agropecuarias de la mesa de negociación salarial es otro ejemplo de dificultades crecientes en el diálogo, también motivado porque el Ministerio de Trabajo ha perdido credibilidad en su capacidad de negociación y articulación al asumir posturas parcializadas de manera cada vez más frecuente.

Lo que no se asume es que acuerdos salariales desproporcionados en estos tiempos y en varios sectores de actividad, más temprano que tarde, significarán la pérdida de puestos de trabajo o, en algunos casos, el cierre de empresas con la consiguiente desocupación del conjunto de los trabajadores.

Incluso, aunque en algunos sectores se pueda alcanzar acuerdos con incrementos salariales satisfactorios para el sindicato, estos acuerdos pueden traer aparejadas estrategias de reducción de fuentes laborales o impactos indirectos sobre pequeñas empresas proveedoras de insumos o comercios que están directamente relacionados con los niveles de actividad.

A veces parece que la mirada gubernamental y del movimiento sindical está concentrada en mantener la satisfacción de los empleados del Estado, inamovibles, y de los sectores de actividad en donde el movimiento sindical está más organizado, dejando a la intemperie a los trabajadores más débiles que están vinculados a pequeñas empresas o a sectores particularmente afectados por los problemas actuales de nuestro aparato productivo.

Esta posición no es, por cierto, la más acorde a los principios de equidad y justicia social y la preocupación por los más débiles. Su persistencia traerá, sin dudas, costos sociales relevantes. Contradictorios con los valores que tanto el partido de gobierno como el movimiento sindical declaran defender.