República hipotecaria

El presidente del Banco República, Fernando Calloia, anunció días atrás que la institución destinará trescientos millones de dólares a créditos para vivienda. No conforme con tener un banco oficial como el Hipotecario, dedicado a facilitarle el acceso a la vivienda a la población, el Estado uruguayo contará en el futuro con otra entidad participando en el negocio inmobiliario. El República tiene una morosidad ínfima, lo que le permite prometer tasas razonables en sus préstamos para vivienda, y una disponibilidad de capital que excede las posibilidades de absorción de la plaza financiera uruguaya.

La primera pregunta que surge ante la noticia es por qué las autoridades del República no realizan el negocio con el Hipotecario, un organismo especializado en otorgamiento y administración de créditos inmobiliarios. La respuesta es obvia: porque el banco está fundido y es incapaz de cobrar lo que prestó. El lío es de tal magnitud que el gobierno debió remover a las autoridades que designó en el 2005 y ni siquiera logró un acuerdo con el poderoso gremio bancario para pasar parte de su plantilla (cerca de mil funcionarios) a la futura Agencia Nacional de Vivienda. (Si Usted lee esta columna pero no es uruguayo, debe tener en cuenta que este es un país peculiar: los bancos estatales se funden pero los bancarios no pierden el trabajo; otro día le explico).

Ahora bien, si el Banco República se va a dedicar al negocio de los créditos inmobiliarios (debemos suponer que creará un departamento especializado o algo así) y la Agencia Nacional de Vivienda a las soluciones habitacionales para los sectores de bajos recursos, ¿para qué vamos a tener un banco hipotecario? Si se trata de administrar los préstamos otorgados, y habida cuenta de los antecedentes, sería mucho mejor para los sufridos contribuyentes que la tarea se la encomendaran al República o a su fideicomiso, que ha logrado resultados más que aceptables.

En realidad, cualquier cosa es mejor que el Hipotecario, y ese es el mensaje que trasmiten las autoridades del República (es decir, del gobierno nacional) cuando deciden invertir en vivienda y no dar participación en la administración de esos fondos al organismo especializado. Lo que no parece razonable es la duplicación de funciones; mucho menos tratándose de un servicio tan oneroso como el bancario.

Visto por el lado positivo, quizás estemos asistiendo al fin de uno de los mitos con los que nos acunaron durante décadas. Los préstamos otorgados con "sentido social" da lugar a una gestión de cobro que termina cediendo a las presiones de los lobbies. La aventura la terminan pagando todos, incluyendo a los más pobres, que no acceden ni accederán nunca a los préstamos. Garantías adecuadas, tasas competitivas y gestión de cobro eficiente, son las mejores herramientas para defender el dinero y la vivienda de los uruguayos. Lo otro es abrir el camino a la corrupción, el corporativismo o la magia.