Reformar las empresas públicas para ponerlas al servicio del país

En nuestro país las empresas públicas tienen un enorme peso en la economía. En la medida que son las proveedoras de insumos esenciales para la vida cotidiana de las personas y para el desarrollo productivo del país, sus tarifas públicas impactan fuertemente en la vida nacional.

En efecto, las tarifas públicas de la luz, el agua, el combustible, las telecomunicaciones y el supergás, entre otros insumos, definen una buena parte del presupuesto familiar de los hogares. A su vez, estos insumos son un componente principal de los costos de producción de las empresas a la hora de definir el precio de sus productos y servicios.

En definitiva, la competitividad de nuestro país en el mundo y la calidad de vida de nuestros hogares dependen en buena medida de la eficacia de la gestión de las empresas públicas y de su capacidad para alcanzar precios razonables y adecuados.

Pues bien, el análisis de su funcionamiento determina la existencia de importantes distorsiones que surgen de sus actuales regulaciones y de un uso político de las mismas.

Antes, en épocas de los gobiernos de blancos y colorados, y ahora, bajo gobiernos del Frente Amplio, ha ocurrido siempre lo mismo: estas empresas se toman como verdaderos "botines políticos" y se las usa para un significativo gasto político, así como una forma de obtención de recursos por parte del Estado para redireccionarlos en la expansión de un gasto público opaco y ciertamente poco eficiente.

Las empresas públicas son conducidas por personal político que, muchas veces, está viendo cómo hacer uso de sus cargos para preparar un aterrizaje político electoral. Bastaría cruzar el origen de sus directores con el destino de las colaboraciones que otorgan para confirmar la existencia de ciertas tendencias clientelísticas rechazables.

Por eso es necesario promover una profunda reforma de las empresas públicas que generen las condiciones para un mayor control y profesionalización de su gestión y de sus resultados.

En primer lugar, proponemos que se prohíba la publicidad de aquellas empresas públicas que funcionan en régimen de monopolio. Nadie puede justificar el enorme gasto que varias empresas públicas monopólicas realizan en publicidad siendo que no compiten con ninguna otra empresa y tienen un mercado cautivo. Basta ver las onerosas producciones publicitarias de empresas como ANCAP o UTE para confirmar la existencia de un gasto sin fundamento que obviamente impacta en los balances de cualquiera de los entes considerados.

En segundo lugar, proponemos que la inhabilitación para que los Directores de las empresas públicas puedan ser candidatos a cargos electivos se extienda de uno a cinco años. No es bueno que los jerarcas de las empresas públicas ejerzan sus funciones con la expectativa de renunciar un año antes para lanzarse a una campaña electoral. Su gestión durante los primeros cuatro años va a estar sometida a la tentación de utilizar esa potente plataforma de recursos, visibilidad y significación para acumular poder y generar apoyos electorales. Los jerarcas de las empresas públicas deben estar concentrados en desarrollar la mejor gestión de las empresas que dirigen.

Es bueno que exista una bifurcación expresa de las funciones políticas: por un lado, carreras político-profesionales o político-técnicas integradas por personal de confianza política pero con orientación a la gestión pública y por otro, las carreras político-electorales para aquellos que aspiran a ocupar cargos electivos y de gobierno.

Este cambio ayudaría en gran medida a la profesionalización de la gestión pública y promovería el desaliento para quienes pretendan ocupar esos lugares como mecanismo de lanzamiento electoral. Las empresas públicas estarían mejor dirigidas.

En tercer lugar, proponemos fortalecer el papel del Tribunal de Cuentas en el control de los actos de las empresas públicas. En tal sentido, proponemos que por ley se establezca que las observaciones realizadas a aquellos actos administrativos de entidad, en los que esté en juego un monto de recursos significativos, tengan un efecto suspensivo y que no se pueda reiterar el gasto hasta que no se levanten las observaciones o lo resuelva la Asamblea General. De esta forma se aumenta significativamente el control sobre la gestión y el uso de los recursos de estas empresas.

En cuarto lugar, proponemos prohibir las sociedades anónimas formadas con capital de las empresas públicas en segunda, tercera y cuarta generación y que las de primera generación sean sometidas a controles públicos en la medida que se nutren de recursos estatales. En efecto, en los últimos años todas las empresas públicas han constituido de manera creciente empresas colaterales con fondos públicos bajo la forma de sociedades anónimas, de forma tal que al ser de derecho privado eluden todos los controles previstos en el Derecho Administrativo para la regulación y el contralor de los recursos del Estado.

Se ha hecho uso y abuso de este instrumento al punto de que no sabemos en qué medida los resultados contables de las empresas públicas no están impactados por los resultados de emprendimientos que nadie sabe ni conoce sobre sus cometidos y finalidades.

Este procedimiento es muy opaco y genera enormes incertidumbres sobre la buena administración. Se debe prohibir la proliferación de estas sociedades anónimas y dejar solo a aquellas que se formaron en primera generación, pero sometidas al control estatal y aplicando a sus directores las mismas prohibiciones e inhibiciones que poseen los directores de las empresas madres.

Finalmente, proponemos que una parte minoritaria del patrimonio de las empresas públicas se abra a la participación de privados a través de la emisión de obligaciones que coticen en Bolsa. De este modo tendremos nuevos instrumentos de control público sobre la gestión y sus resultados.

Como se puede apreciar, es un conjunto articulado y coherente de medidas que buscan evitar la utilización política de las empresas públicas y aumentar su transparencia, con el objetivo de que mejoren su eficacia y permitan contribuir a la mejora de competitividad de nuestro país y a aliviar el presupuesto de los hogares de los uruguayos.