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Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Publicidad en medios:

Hace una semana destacábamos la importancia de haber arribado a un consenso en referencia a la aprobación de una ley de partidos que regule su funcionamiento y que permita dar mayor transparencia al manejo de los recursos, tanto en su origen como en su administración y rendición de cuentas.

24.11.2008 09:10

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2008-11-24T09:10:00-03:00
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Se señalaba la importancia de lograr consenso político para algunas normas fundamentales que son las garantías del funcionamiento democrático en nuestro país. Sin embargo, esta señal positiva y elogiable ha sido empañada fuertemente por la presentación de una nueva iniciativa.

Lamentablemente, en esta semana se ha presentado a discusión del Senado un segundo proyecto de ley, que cuenta con la firma de los legisladores del Frente Amplio, por el que se busca regular la publicidad política televisiva durante la campaña electoral.

Es realmente asombroso que un partido político que se define a sí mismo como democrático y que no hace mucho tiempo sufrió las dificultades de ser una minoría política, tenga el desparpajo de promover una iniciativa que, tan grotescamente, busca “flechar la cancha” a su favor en la competencia electoral.

Va a ser difícil encontrar en la legislación comparada un ejemplo similar de tan grave atropello a las libertades democráticas y a la igualdad de oportunidades en el acceso a la opinión pública.

En efecto, el proyecto que el Frente Amplio pretende aprobar en el Parlamento, promueve la distribución de espacios gratuitos de publicidad política en los medios de comunicación en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior. Este criterio, de por sí, es violatorio del derecho de igualdad de las partes de hacer conocer ante la opinión pública sus diferentes ideas y propuestas.

Si el Estado entiende que deben otorgarse espacios gratuitos a los diferentes partidos que compiten electoralmente, debe asumir un criterio de equidad y no volcar la balanza de manera ostensible a favor del partido que obtuvo más votos en la elección anterior. Se trata de una norma que busca otorgar ventajas indebidas al oficialismo o a los partidos mayoritarios y que busca obstaculizar ostensiblemente la capacidad de “hacerse oir” a las restantes opciones.

Nosotros compartimos el criterio de que el Estado contribuya a los gastos de campaña otorgando una cantidad de dinero a los partidos en función de los votos obtenidos en la elección, porque debe haber una proporción entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos, pero se trata de una norma que retribuye luego de ocurrido el acto electoral en función de un resultado. Pero, en este caso, el Estado vuelca la balanza a favor de los partidos que tuvieron más votos cinco años atrás, con lo que busca congelar la situación electoral hacia el futuro otorgando ventajas en forma tramposa a los más fuertes.

Por el contrario, la función del Estado debe ser la tutela del acceso igualitario a los medios para que los ciudadanos tengan acceso a las propuestas y la publicidad de todos los partidos.

Pero el colmo de la propuesta es que, además, se topean los tiempos de contratación de publicidad por parte de los partidos. Es decir que no sólo se pretende volcar la balanza a favor del partido de gobierno asignándole una enorme cantidad de espacios gratuitos con gran diferencia con respecto a los partidos minoritarios, sino que además se propone prohibir a los partidos la posibilidad de contratar espacios publicitarios en los medios, estableciendo nuevamente topes en proporción a sus votos.

Para decirlo de un modo que se entienda, de acuerdo a esta norma, el Frente Amplio podrá tener, en la campaña electoral de 2009, más de una hora diaria de espacios publicitarios gratuitos, mientras que el Partido Independiente sólo contará con dos minutos. Pero si, además, se pretende pagar la publicidad, el Partido Independiente sólo podrá contratar un minuto más por día.

Es tan abominable el criterio, es tan vergonzoso que el partido de gobierno se anime, tan siquiera, a presentar esta iniciativa, que en caso de avanzar en su impulso quiebra reglas de juego básicas de la convivencia democrática y afecta en forma definitiva la convivencia política, hiriendo en profundidad la institucionalidad.

Está claro que no sólo hay vicios de inconstitucionalidad muy evidentes, sino que se trata de una demostración palmaria de ausencia total de “reflejos democráticos” que no podemos admitir ni tolerar.