Prohibir publicidad oficial en tiempos de campaña electoral

Esta semana hemos presentado un proyecto de ley que busca aportar una mejora a las condiciones de equidad y transparencia en las campañas electorales. La normativa propuesta establece la prohibición de realizar publicidad por parte del Estado durante el tiempo previo a las elecciones nacionales de octubre, entre la primera y la segunda vuelta presidencial y las elecciones departamentales.

Es un hecho incontrastable que la publicidad oficial se intensifica durante la campaña electoral. El año pasado fue una situación vergonzosa. Tan evidente que el Presidente de la República salió a pedirle a las empresas públicas que redujeran su inversión publicitaria (claro, simultáneamente el presidente decidió salir a hacer campaña electoral en gravísima y flagrante violación de la Constitución de la República).

Lo cierto es que durante la campaña electoral para octubre y noviembre del año pasado todos los uruguayos asistimos al triste espectáculo de una fuerte publicidad de empresas públicas y ministerios haciendo autobombo sobre los éxitos de la gestión de gobierno. Esto no es nuevo, aunque quizás haya sido nueva la mayor intensidad, seguramente movida por la existencia de recursos en tiempos de bonanza económica.

Todos los gobiernos, en diferentes momentos de la historia política moderna han utilizado este instrumento indebido para apoyar de forma indirecta y elíptica a los candidatos oficialistas.
Lo estamos viendo ahora en el marco de las campañas electorales departamentales. Basta recorrer los diferentes Departamentos para constatar cómo, cada gobierno departamental realiza publicidad destacando los eventuales logros de sus administraciones para "llevar agua al molino" de sus candidatos. Y esto ocurre con independencia del color político del gobierno correspondiente.

La situación es aún más grave porque en nuestro país el peso de la publicidad oficial, desde el punto de vista cuantitativo es muy fuerte, en tal sentido, un informe elaborado por la organización no gubernamental CAINFO citaba una investigación publicada por FESUR en 2012 de autoría de Buquet, Lanza y Rabinovich, en la que se señalaba que el Estado es "el principal inversor publicitario a escala nacional" y estimaba que concentraba el 25% de la inversión publicitaria nacional, a su vez el mencionado estudio también indicaba que solo el Estado Central en 2010 había invertido más de cincuenta millones de dólares (Informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, 2014).

Esta práctica no sólo es indebida sino que está en el límite de lo que puede considerarse una acción corrupta, en la medida que se hace uso de recursos públicos que se obtienen con el pago de impuestos de todos los ciudadanos y se utilizan, indirectamente, para reforzar la campaña electoral de los candidatos oficialistas.

Hemos enviado el proyecto de ley presentado al Presidente de la República en la esperanza de que lo haga suyo, puesto que durante la campaña electoral manifestó acuerdo con normas que controlaran la publicidad de las empresas públicas.

La aprobación de este proyecto de ley permitiría mejorar las condiciones de equidad y transparencia de las campañas electorales y sería una señal muy positiva para la ciudadanía. Por otra parte eliminaría la evidente tentación de los partidos de gobierno de echar mano a un recurso indebido para reforzar las chances de éxito de sus candidatos.