Primer round

La noticia de que los gremios de funcionarios públicos se opondrían a la reforma del Estado por no haber sido consultados fue inmediatamente desmentida por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, principal artífice del ambicioso proyecto. Es que si la reforma busca hacer más eficiente, racional y justo al Estado, deberá tener en cuenta estas dos situaciones: 1) No puede hacerse de espalda a los funcionarios, y 2) No puede hacerse sin afectar los privilegios de los funcionarios, obtenidos en largas décadas de despilfarro y clientelismo. Lo segundo parece menos fácil que lo primero y tiene que ver con la inamovilidad y otras ventajas derivadas de tener por patrones a unos ciudadanos altamente sensibles a los vaivenes de la opinión ciudadana. Pero además hay problemas de enfoque en la dirigencia gremial sobre la naturaleza misma del trabajo y el salario.

Para los sindicatos, las conquistas son justas con arreglo al poder adquisitivo de los salarios (bastante bajos, por cierto, en buena parte de la administración central) y no a variables productivas. Por eso, los criterios de productividad y rendimiento que el gobierno pretende incorporar con la reforma, rechinan a la dirigencia gremial. En cambio, sostienen la atrabiliaria tesis de la explotación de clase, en un ámbito donde no hay plusvalía ni patrones que se enriquezcan. De ahí que los pedidos de aumento no guarden relación con ninguna mejora en la productividad sino con las expectativas de consumo de los funcionarios, y todo reclamo sea legítimo aunque termine perjudicando a otros trabajadores, tanto o más pobres que los beneficiados. Si se comprendiera que la inamovilidad y recuperación salarial de los públicos se ha financiado con la desocupación y la pauperización de los privados, otros se rebelarían contra la explotación.

¿Qué pueden esperar Rubio y la Administración Vázquez de una negociación con los gremios sobre reforma del Estado? De llegarse a un acuerdo razonable, la reforma gozaría de una imprescindible paz sindical. De paso, los ciudadanos podríamos asistir a un proceso inédito de transparencia argumental del que surgirá quién está del lado de la justicia, el servicio al contribuyente y la racionalidad en el manejo del erario público y quién persigue intereses corporativos a cualquier precio.

Si queremos saber cómo va a transcurrir esa impredecible negociación, sigamos con atención el comportamiento del gobierno en la pulseada gremial que enfrenta por estos días, en especial con Adeom y AEBU, dos de los gremios con mayores salarios y prerrogativas. La conducta de los negociadores gubernamentales da para abrigar cierta esperanza. Por ahora, han enfrentado con serenidad y firmeza las movilizaciones, tirando al pasar que los reclamantes pretenden, injustamente, mantener ciertos privilegios. Pero esto recién comienza, y los gremios saben cómo arrinconar a los gobernantes, muchos de los cuales vienen de los mismos gremios y sostenían la misma lógica a la que hoy se enfrentan.