Polleros en fuga

La alegría duró poco. Después de un encuentro con representantes de las empresas avícolas, el ministro Mujica resolvió suspender por segunda vez la importación de pollos. Como en todo subsidio finalmente revelado (se nos vendía como una barrera sanitaria) la restricción apela a una coartada social: si se permite que los uruguayos compren pollos más baratos provenientes de Brasil (el primer productor del mundo) se condena a la muerte a un conjunto de productores; en cambio, si se encarece unos pesitos el producto, pueden sobrevivir.

La argumentación contradecía la flamante legislación que consagra las virtudes de la competencia y supone que, en las complejas y competitivas luchas de intereses del mercado, comparecen dos actores inexistentes: los compradores, que tendrían el dinero para financiar el negocio de los pollos, y los productores, que necesitarían ese dinero para no fundirse.

La realidad muestra otra cosa. Bastó la amenaza de autorizar la importación para que apareciera como de la nada un producto nacional a precio competitivo. ¿En qué quedamos, entonces? ¿No era que no podían competir?¿Será necesario que medie la presión gubernamental para que los uruguayos tengamos pollos más baratos? ¿Qué va a pasar cuando pase la tormenta? ¿Volverá a subir el pollo?

Si hilamos más fino veremos que entre los compradores de pollo encarecido por los gobernantes hay miles de pobres que, necesitando acceder a productos baratos, terminan subsidiando con sus magros estipendios a empresas e individuos de mayor nivel patrimonial. Incluso encontraremos que un conjunto de empresarios del ramo amasó fortunas (en otras épocas la izquierda los hubiera catalogado como “la rosca de los polleros”) con dinero obtenido del bolsillo de los pobres, impedidos por disposiciones gubernativas de acceder a pollos más baratos. Encontramos así una primera contradicción: entre quienes transfieren recursos hay pobres y entre quienes lo reciben hay ricos. No parece una situación demasiado justiciera.

Pero eso no es todo, porque ese plus de dinero que los compradores transfieren arbitrariamente a los productores, se le quita a la compra de artículos producidos con talento y esfuerzo por trabajadores y empresarios uruguayos que no gozan de protección alguna. Por cierto que muchos de los trabajadores de estas empresas también son pobres por lo que el subsidio a los pollos los perjudica doblemente. Tampoco aquí parece consagrarse la justicia social.

Y además de dos veces injusto, el subsidio destruye riqueza: nos deja sin saber cuánta podrían generar en un régimen de competencia los polleros talentosos y esforzados. Quizás podrían elaborar productos competitivos de mayor valor agregado, asociarse a empresas brasileñas o argentinas e integrar sus cadenas productivas o reciclarse en otros rubros donde no necesiten sacarle el dinero a los pobres con la complicidad del sistema político.

Los subsidios prosperan en la medida en que sus impulsores y beneficiarios logran eliminar todo registro de los perjuicios que ocasionan. Cuando se evidencian los números y argumentos de los damnificados (miles de personas anónimas que no hacen lobby ante el gobierno ni financian campañas electorales) su legitimidad comienza a tambalearse. Si bien Mujica no iba a liberar la importación de pollo por estas razones, al menos sometía sus viejas ideas al escrutinio de la realidad. Pero la alegría duró poco. Los consumidores uruguayos seguiremos prisioneros de conciliábulos y negociaciones, sin saber cuál es el precio más barato al que se puede conseguir pollo.