Pobreza, indigencia y marginalidad

Es bueno recordar que a causa de nuestra iniciativa parlamentaria, a partir de 2003 se aprobó una ley que obliga al INE a realizar y hacer público un estudio anual del estado de la pobreza y la indigencia en el Uruguay. Fue necesario convertirlo en ley debido a que durante los años de la crisis económica nuestro país careció de información actualizada sobre la pobreza.

Es así que a partir de 2004 se cuenta con un informe anual que nos permite a todos los uruguayos saber cómo evolucionan las cifras sobre la pobreza y la indigencia en nuestro país. Instrumento absolutamente imprescindible para ajustar y mejorar las acciones públicas de contenido social.

Los datos son nuevamente alentadores. La pobreza se redujo en 2010 al 18,6% de los individuos y la indigencia se ubicó en una cifra record de 1.1%. Es lógico que así sea dadas las enormes tasas de crecimiento de nuestra economía y el desarrollo de un programa muy intenso de subsidios sociales para las familias de menores recursos.

El crecimiento de la economía impacta sobre la cifra de personas en situación de pobreza y los subsidios pecuniarios impactan sobre la indigencia abatiéndola sustancialmente. Sin embargo, es necesario señalar tres observaciones absolutamente imprescindibles.

En primer lugar, aun no hemos llegado a los niveles de pobreza observados a mediados de los años 90 cuando el porcentaje de personas en situación de pobreza se ubicó en el 15%, esto significa que aunque el proceso de reducción de la pobreza ha sido constante y permanente desde 2004 (32%) a la fecha, sin embargo todavía no se ha alcanzado una situación similar a la de quince años atrás.

En segundo lugar, el ritmo de crecimiento de la economía ha sido muy intenso, con tasas de crecimiento extremadamente elevadas y, sin embargo, para estos niveles de crecimiento el ritmo de reducción de la pobreza no se presenta muy satisfactorio. Desde 2004 en adelante el país crece a un ritmo vertiginoso y la pobreza se redujo desde el 32% al 18%; sin embargo entre 1985 y 1994 el crecimiento fue mucho más modesto y, sin embargo, las cifras de pobreza pasaron de casi 40% al 15%.

Esta circunstancia indica que el modelo de crecimiento de la economía en la actualidad parece ser más concentrador o menos abarcativo que el que se produjo en la década anterior, aunque se haya acusado a aquel de neoliberal y privatizador.

En cambio, el peso de las prestaciones pecuniarias para las familias más pobres ha tenido un obvio impacto en el abatimiento de las cifras de indigencia. En este caso sí se ha alcanzado una cifra histórica, sólo 1.1% de los uruguayos están en situación de indigencia. Este resultado, junto con la fuerte disminución de la mortalidad infantil habla del éxito de la focalización de las políticas sociales dirigidas a las familias más sumergidas, aunque tengamos críticas sobre la ausencia de la exigencia de contrapartidas sociales a dichos subsidios.

Sin embargo, y esta es la tercera observación que debemos realizar, a pesar de la mejora notoria de los indicadores sociales, la crisis de la integración social y la persistencia de la marginalidad son realidades que no han sido modificadas.

Efectivamente, más allá de la reducción en las cifras de indigentes y pobres, la sociedad uruguaya sigue mostrando fisuras muy profundas en su tejido social. La segmentación residencial, la distancia y la heterogeneidad de actitudes y comportamientos entre grupos y sectores sociales ha aumentado vertiginosamente.

Existe una crisis cultural que afecta el sistema de normas y valores comunes, que ha prohijado una cultura alternativa hija de la anomia social que lleva a muchos adolescentes, jóvenes y adultos a caminos de ruptura con el orden social por la vía de la delincuencia o la drogadicción.

Este problema no se resuelve con dinero solamente, no basta con aumentar el nivel de ingresos; se ha herido fuertemente la construcción de referencias en las conductas sociales. Existe una crisis de autoridad en nuestra sociedad que está asociada, a nuestro juicio, al debilitamiento de las señales firmes desde el orden institucional de que ciertas transgresiones deben ser firmemente sancionadas.

Uno tiene la sensación de que en nuestro país se han aflojado las "reglas de juego" de la vida cotidiana y este aflojamiento se traduce en que "no paga la diferencia" actuar bien que actuar mal.
Obviamente este fenómeno está estrechamente vinculado a la crisis de la familia y del sistema educativo que son las dos grandes instituciones que vehiculizan el proceso de socialización, es decir el proceso de incorporación de pautas de conducta y normas a las nuevas generaciones.

Si el Estado no recupera su capacidad de hacerse obedecer y, por lo tanto, reconstruye un sistema que diferencie claramente entre los que cumplen la normativa vigente y los que no lo hacen, las cifras de pobreza e indigencia podrán seguir reduciéndose mientras nuestra economía siga creciendo, pero nuestra sociedad continuará exhibiendo señales inequívocas de fractura social, reproduciendo un círculo vicioso de violencia y miedo, resentimiento y frustración.

Para ello es indispensable que el gobierno asuma que ejercer la autoridad con firmeza y energía no es equivalente a ser autoritario. De otro modo, la bandera de la seguridad quedará en manos de quienes sí tienden a confundir autoridad con autoritarismo.