Parque público de viviendas: entre los sueños y la realidad

Escribe Gerardo Sotelo

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Gerardo Sotelo

Es diputado por el Partido Independiente y fue presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Con más de treinta años de trabajo como periodista, fue conductor e informativista de radio y televisión.

El subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, quiere que el Estado construya viviendas y las alquile a bajo precio. En su respuesta de hoy en la diaria a mis objeciones que publiqué en X sobre su iniciativa, deja abiertas las preguntas cruciales: cuánto costará cada vivienda mientras el Estado sea su dueño y administrador, a cuántas familias beneficiará el programa y quiénes dejarán de recibir los recursos destinados a financiarlo. Es decir, no puede asegurarnos de que esa sea la alternativa más eficiente y no una nueva fuente de derroche de dineros públicos.

Di Candia sostiene que contraponer el gasto en vivienda con el destinado a salud y educación plantea una "falsa dicotomía", pues una casa digna favorece ambas cosas. Nadie afirma lo contrario, pero cada peso destinado al parque deja de financiar otras cosas, como la seguridad, la asistencia a familias pobres con niños, las personas que están en la calle u otras políticas públicas que el subsecretario no define.

Es verdad que Viena y Singapur iniciaron sus programas de vivienda pública siendo pobres, pero eso no contradice mi afirmación de que, si pudieron sostenerlo con la dimensión que han tenido, es únicamente porque se trata de sociedades muy ricas. El FMI proyecta un crecimiento de apenas el 1,8% para Uruguay en 2026. ¿Aún hay políticos que consideren prudente asumir gastos permanentes confiando en una prosperidad futura? En Singapur, cerca del 80% de la población vive en apartamentos construidos por la agencia pública, pero alrededor del 90% de esos residentes es propietario de su vivienda.

Tengamos presente que, desde hace varias décadas, Uruguay facilita préstamos y apoya cooperativas, subsidios y garantías. También tiene algunas viviendas públicas en alquiler.

Comprar apartamentos existentes puede beneficiar a quienes los ocupen, pero no aumenta la cantidad de viviendas. Construirlas exige suelo, obra y financiamiento. Después habrá que pagar administración, seguros, reparaciones y renovación de los edificios. Si los alquileres no cubren esos costos, pagarán los contribuyentes con mayores impuestos, o bien, directamente los presuntos beneficiarios, que dejarán de recibir servicios que podrían haberse financiado con ese dinero.

Di Candia señala que la obra pública moviliza constructoras y trabajadores. Por supuesto. Las empresas cobran y obtienen ganancias y deben estar encantadas de escuchar estos anuncios. Ahora bien, si a los costos de licitación, supervisión y gestión, les sumamos la ineficiencia estatal, ¿cuánto terminaría costando la fiesta?

Di Candia propone que, en Ciudad Vieja el Estado aporte suelo y reciba apartamentos a cambio. Desde luego que se trata de un activo importante, pero el Ministerio de Vivienda debería demostrar que esa opción ofrece mejores resultados que vender los terrenos para financiar créditos, cooperativas o mejoras en los barrios. Gobernar exige elegir entre usos de un mismo recurso, de modo que, en la ecuación, debería considerarse el valor de lo entregado, el de las viviendas recibidas y el costo, sostenido en el tiempo, de administrarlas y mantenerlas en condiciones de habitabilidad. Si el ministerio tiene hechos esos cálculos, es algo que Di Candia no revela.

El subsecretario invoca asimismo a Berlín. Allí, unas 65.000 viviendas municipales fueron vendidas en 2004 por una coalición de socialdemócratas y la izquierda. Hoy Die Linke, heredera del partido comunista de Alemania Oriental, lamenta con Di Candia aquella venta y promete expropiar viviendas de grandes inmobiliarias. Su arrepentimiento no justifica crear un gran parque uruguayo más de lo que justificaría que nos preguntáramos por qué la izquierda terminó privatizándolas.

Di Candia acierta al señalar que los hogares son cada vez más pequeños y que las áreas centrales cuentan con infraestructura. Facilitemos allí la rehabilitación, la construcción de viviendas nuevas y la recuperación de la seguridad y la salubridad, sin exigir que cada unidad pase a manos del Estado ni restringir por decreto el metraje de las unidades.

El jerarca reclama también un acuerdo político sobre el tema para varias décadas. El planteo es extraño cuando un acuerdo de tal magnitud exige metas claras, estimación precisa de costos y fuentes de financiación y revisión periódica de resultados. Pero tratándose de una política pública, sin una evaluación del costo de oportunidad, sería un cheque en blanco que comprometería recursos durante décadas. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno que integra no ha dado las señales presupuestales y políticas suficientes como para aspirar a convertir esta iniciativa en política de Estado. 

Finalmente, todos tenemos claro que el artículo 45 de la Constitución exige procurar una vivienda decorosa, facilitar su adquisición y estimular la inversión privada. Es decir, obliga al Estado a actuar, pero no a convertirse en una inmobiliaria. Los buenos deseos no pagan edificios. Sus costos siempre encuentran a quién cobrárselos y, muchas veces, los que pagan terminan siendo aquellos a los que se quería beneficiar.

Gerardo Sotelo