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Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Para todos igual

La decisión del Poder Ejecutivo de indemnizar a los familiares de aquellas personas que fueron asesinadas tanto por la dictadura como por la acción guerrillera ha generado un fuerte debate que agita nuevamente las aguas con respecto a lo ocurrido en el "pasado reciente".

16.04.2007 00:00

Lectura: 5'

2007-04-16T00:00:00-03:00
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La iniciativa nos merece el más firme apoyo y es una expresión valiente que, proveniente del gobierno frenteamplista, busca "mirar por lo alto" y trata de generar señales claras de superación de una época negra y oscura de nuestro país.

La reacción de los representantes de los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de la dictadura cuestionando esta iniciativa y reivindicando la diferencia de situaciones puede ser entendible, pero no es compartible. En efecto, muchas de las víctimas de la dictadura, en particular los desaparecidos, no fueron asesinados en enfrentamientos armados, ni ellos mismos pertenecían a ningún movimiento guerrillero. Es más, estas acciones ocurrieron en tiempos en que ya no existía ningún tipo de desafío armado al orden estatal, y el gobierno dictatorial poseía un total control discrecional del Estado uruguayo.

Sin embargo, no menos cierto es que muchos uruguayos murieron a manos del accionar ilícito y violento de la guerrilla, desde mediados de los años sesenta hasta mediados de la década de los setenta. Fueron asesinados policías, militares y civiles que, más allá de las funciones diferentes que cada uno de ellos cumplía, fueron asesinados por un movimiento político que había quebrado las "reglas de juego" democráticas.

Y esto conviene reafirmarlo con contundencia porque lamentablemente son muchos los profesores de Historia que están cometiendo el error, conciente o inconcientemente, de trasmitir a nuestros adolescentes y jóvenes que el movimiento guerrillero nació en respuesta al autoritarismo en nuestro país. Pues bien, digámoslo de una vez por todas, esa es una gravísima mentira que falta a la verdad de los hechos en forma grosera y tendenciosa y que está produciendo un grave daño en las nuevas generaciones de uruguayos.

El movimiento tupamaro se inició en nuestro país cuando este vivía en el marco de las reglas de juego democráticas y, si bien nuestra sociedad sufría los impactos de una fuerte crisis económica, no se habían afectado las libertades públicas ni los derechos ciudadanos.

En ese contexto el MLN resolvió iniciar un accionar a todas luces ilícito buscando hacer caer las instituciones por la vía de las armas, y ello ocurrió a partir de 1962 mucho antes y muy lejos de que comenzara a gestarse el autoritarismo de Estado.

Mucho antes aun de que surgiera el "pachequismo", al que se le atribuye la causa inicial de la reacción guerrillera. En ese entonces Pacheco era un ignoto diputado que nadie imaginaba que podría llegar a ser Presidente de la República y el gobierno estaba en manos del Partido Nacional a través del sector correspondiente al nacionalismo independiente y Wilson Ferreira era uno de los ministros de aquel gobierno para que no nos queden dudas del carácter democrático de aquellas circunstancias.

Pues bien, en esa realidad y contra ese "estado de cosas" los tupamaros comenzaron a desarrollar su accionar guerrillero, y en esa lógica que este sector desató, cometieron actos de violencia y mataron gente.

Algunos de ellos porque la "justicia tomada en manos propias" por este grupo de iluminados condenó sin "debido proceso" por integrar "Escuadrones de la Muerte" o por utilizar la tortura en sus métodos de represión; pero muchos otros fueron asesinados por las circunstancias de violencia desatada en nuestro país. Como por ejemplo el peón rural Pascasio Báez o los cuatro soldados que hacían guardia en el Comando del Ejército, o el policía que murió de un balazo en la nuca en el Cerro.

Entonces cuando un gobierno de izquierda asume con coraje la necesidad de reparar, también, a las víctimas del accionar guerrillero buscando enviar una señal de construcción del futuro sin olvidar el pasado, hay que apoyarlo con énfasis y sin ningún tipo de reparo.

Para quien esto escribe que asumió desde muy joven compromisos políticos de enfrentamiento a la dictadura, que formó parte de la generación que con orgullo impulsó las movilizaciones de enfrentamiento al poder militar, que le tocó estar presente en el estrado del Obelisco el 27 de noviembre de 1983 y que defendió con energía el "voto verde" contra la Ley de Caducidad; también resulta claro que los familiares de todos los muertos de aquellos negros años, todos ellos deben ser reparados como componente básico de la construcción de nuestro futuro como país, sabiendo que hubo y habrá diferencias sobre lo que ocurrió con cada uno de ellos, pero el factor común que los iguala es que todos ellos murieron como resultado de la loca afectación del orden jurídico que desde el Estado y desde la guerrilla sufrió el Uruguay de aquellos años.