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Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Papeleras: razón y sensatez

Los piqueteros de Gualeguaychú anuncian una nueva ofensiva intensa para afectar el movimiento turístico de las vacaciones de Invierno, se informa que el Gobernador Busti no sólo los apoya políticamente sino que además los financia; y, como si todo ello fuera poco, se dice que los piqueteros han comenzado a usar nuevas formas de "autofinanciamiento" mediante el conocido mecanismo de la "coima" para dejar pasar por el puente a aquellas personas que pagan el precio que estos fijan.

18.06.2007 09:12

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2007-06-18T09:12:00-03:00
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Por su parte, Uruguay prepara la presentación de sus argumentos sobre el "tema de fondo" ante la Corte Internacional de La Haya, mientras que la mediación española cada vez se ha vuelto más inocua y el encuentro de hace pocos días en New York ni siquiera tuvo destaque en nuestra prensa local.

En definitiva, se trata de un conflicto estancado que no parece encontrar caminos de salida razonables en el corto plazo.

De todos modos, a pesar del estancamiento, hay algunas cosas claras.

La primera de ellas, y seguramente la más importante, es que este conflicto no se resolverá por la vía de un fallo judicial, sino que será superado mediante un acuerdo político entre ambos países. Demorará más o demorará menos, pero nadie imagina que la querella se dilucide definitivamente en los tribunales internacionales.

El segundo aspecto definido es que la planta de fabricación de celulosa de Botnia es una realidad y comenzará a funcionar en los próximos tiempos. En efecto, las obras han continuado avanzando al ritmo previsto con independencia de las "idas y vueltas" y de los "avatares" del conflicto, de forma tal de que sólo faltan pocos meses para que la fábrica comience a funcionar.

El tercer hecho indiscutido es que las relaciones entre las localidades vecinas de Gualeguaychú y Fray Bentos; históricamente hermanadas por la proximidad y por el turismo, han sufrido una profunda herida que sólo será posible reparar con el paso de un largo tiempo. Por otra parte, una gran mayoría de los vecinos de Gualeguaychú creen de "buena fe" que la fábrica les arruinará sus vidas y las de sus hijos. Y, más allá de que ello no es cierto en absoluto, el problema es que los pobladores de esa localidad así lo creen y así lo sienten.

Por último, también es sabido que resulta imposible un acuerdo definitivo entre ambos países en el marco de una ya desatada campaña presidencial en la República Argentina. El gobierno de Kirchner, embanderado firmemente con la demanda de Gualeguaychú, no puede cerrar un acuerdo con nuestro país que, inevitablemente pasa por aceptar la existencia de la planta de celulosa, antes de fines de octubre.

La concreción de un acuerdo que incluye aceptar a Botnia en Fray Bentos significaría para el gobierno argentino y para su candidato (sea el mismo Presidente o su esposa) ser acusados de alta traición por parte de la población de Entre Ríos, y ello se traduciría inevitablemente en un significativo costo electoral.

De modo que, en los próximos meses nada permite imaginar un cambio de situación, excepto la insólita e innecesaria declaración del gobierno uruguayo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que informó que la planta de Botnia comenzará a operar a fines de setiembre o principios de octubre.

Parece una "declaración realizada por el enemigo". ¿Qué sentido tiene informar que la fábrica que ha sido el objeto central del conflicto comenzará a funcionar justo unas semanas antes de las elecciones presidenciales argentinas? ¿Qué gana Uruguay con este anuncio? ¿Cuál es el objetivo político de esta declaración? ¿Es posible imaginar alguna actitud uruguaya más contraria a la búsqueda de un acuerdo?

Sólo hay dos explicaciones para semejante absurdo.

La primera de ellas es que se trate de una nueva muestra de incapacidad política, torpeza y falta de cautela en el manejo de la información pública. No es la primera oportunidad en que diferentes representantes del gobierno han cometido graves errores en el manejo de este conflicto, exhibiendo una ausencia total de responsabilidad, en el afán de aparecer públicamente.

La segunda, mucho menos creíble, es que el gobierno uruguayo piense que el camino de los acuerdos no es el camino adecuado para poner fin a este conflicto. Seguramente sería un grave error estratégico y de concepción sobre la naturaleza del problema, que no ha sido hasta ahora la postura asumida por el gobierno uruguayo.

Entonces si, como imaginamos, se trata de un problema de enorme torpeza política, el gobierno uruguayo debería corregir rápidamente la información brindada y advertir severamente a quien expresó una postura tan poco sensata e inteligente.

No basta tener la razón, también es necesario actuar con astucia y sensatez para obtener éxito en los conflictos.