Opinión | Votar como en 1958: ¿por qué la Udelar necesita modernizar su sistema electoral?

La Universidad de la República sostiene, desde hace décadas, uno de los mecanismos electorales más singulares: el voto obligatorio y presencial para estudiantes, docentes y, especialmente, egresados. Este diseño, que en su origen buscó proteger la participación y blindar a la institución frente a presiones externas, se ha transformado en un anacronismo institucional que vulnera la calidad de la representación y distorsiona la vida democrática de la Universidad.

La obligatoriedad del voto puede ser un instrumento válido en determinados contextos. El problema no es la existencia de este deber cívico, sino el modo en que la Udelar lo aplica. Exige comparecencia física en un circuito asignado, un día específico, con horarios rígidos, sin mecanismos alternativos y sin considerar la realidad laboral, geográfica y vital de decenas de miles de universitarios. En pleno 2025, es difícil justificar que un profesional radicado en el interior del país, o incluso en el exterior, deba buscar permisos laborales, traslados y una logística (generalmente costosa) para cumplir con una obligación que termina sancionando a quienes no pueden participar.

El orden de los Egresados es el que más sufre este diseño. Es el orden más numeroso, el que mayor diversidad social, territorial y profesional tiene, y también el que menos puede acudir físicamente a votar. El resultado es conocido: la participación real queda reducida a quienes tienen elevada organización, cercanía geográfica o fuerte militancia gremial. La consecuencia democrática es evidente: la obligatoriedad presencial no amplía la voz de los egresados, la reduce a una minoría hiperactiva. Y una representación reducida produce decisiones sesgadas y poco acordes con el ejercicio profesional del país.

El argumento tradicional ha sido que la presencialidad garantiza transparencia, evita presiones y preserva la autonomía. Pero hoy ese razonamiento no resiste análisis. Uruguay cuenta con uno de los sistemas de identidad digital más seguros de la región, con la plataforma gub.uy, la cédula con chip, la firma electrónica y una arquitectura institucional reconocida internacionalmente. Si el Estado garantiza con solvencia el acceso electrónico a trámites sensibles, servicios financieros, declaraciones juradas o procesos médicos, no hay razón válida para mantener un modelo electoral analógico en la Universidad de la República.

La presencialidad obligatoria tampoco garantiza laicidad política. Por el contrario, refuerza el peso de estructuras militantes con capacidad logística. Mientras un profesional que trabaja 10 horas diarias no puede votar, una organización estudiantil o sindical bien coordinada despliega decenas de militantes durante todo el día. Esto no es un problema de militancia, la militancia es parte esencial de la vida universitaria, sino un problema de asimetría estructural: el sistema favorece a quienes tienen tiempo disponible y penaliza a quienes no. La democracia universitaria no puede depender de la disponibilidad horaria de sus integrantes.

Modernizar el sistema no implica eliminar el voto obligatorio, sino hacerlo viable, real y accesible. Un voto obligatorio presencial sin condiciones de accesibilidad es, en los hechos, un voto obligatorio para unos pocos. Y eso es incompatible con la tradición democrática que la Udelar dice defender.

El camino es claro: voto electrónico seguro, autenticado mediante gub.uy y cédula con chip, con múltiples franjas horarias, posibilidades de anticipación, y una trazabilidad que fortalezca la integridad del proceso. La tecnología ya existe. El marco jurídico puede adaptarse. Lo que falta es asumir que la Universidad no pierde autonomía por modernizar sus procesos electorales. Por el contrario, la fortalece, porque la autonomía no se defiende con mecanismos obsoletos, sino con instituciones confiables, transparentes y representativas.

Hay quienes temen que la digitalización rompa tradiciones. Pero la Udelar no es una pieza de museo: es la principal institución académica y de innovación del país. Si pretende liderar la transformación digital del Uruguay, no puede seguir votando como en 1958. La identidad digital no erosiona el cogobierno: lo actualiza. No debilita la participación: la multiplica. No favorece a un grupo: favorece a todos.

La obligatoriedad del voto presencial ya no cumple su cometido histórico. Es momento de revisarla sin prejuicios, con sentido de responsabilidad institucional y con la convicción de que la democracia universitaria debe estar a la altura del país moderno que Uruguay ha construido. La Udelar necesita un sistema electoral que convoque, no que excluya; que represente, no que filtre; que integre a la comunidad universitaria real, no a una minoría capaz de llegar físicamente a un circuito.

Actualizar este mecanismo no es una amenaza. Es un acto de salud democrática y un paso imprescindible para que la Universidad siga siendo un pilar nacional de innovación y progreso, y no un régimen electoral congelado en el tiempo.