Opinión | ¿Volver a los noventa? Una ley que limita oportunidades para los más débiles

El camino hacia el referéndum está marcado por un cruce de diversas informaciones y versiones, que muchas veces nos terminan alejando de los 135 artículos que tenemos en cuestión y que hemos solicitado discutir para derogar.

La ciudadanía ha visto que desde mi actividad militante he abrazado con fuerza y tesón esta causa porque la creo justa para los trabajadores y porque siempre me encontrarán a mí, y a otros cuantos, defendiendo los derechos de los más débiles. Fuera del barullo del fervor de la campaña, no perdamos la mirada de ciertas disposiciones que están dentro de estos 135 artículos que queremos derogar y que quitan libertades a los trabajadores y a los eslabones más débiles de la sociedad en que vivimos.

Una forma de coartar las libertades de los trabajadores ha sido volver al oscurantismo del pasado respecto a las formas de pagar los salarios y, de paso cañazo, quitar transparencia al sistema financiero, acceso a medios electrónicos de pago, etc.

Estas disposiciones que han derogado la inclusión financiera afectan directamente a la clase media. Por ejemplo, ahora se dan diferencias grandes de precios según se paga las compras con tarjetas de débito, tarjetas del Mides, u otros instrumentos electrónicos, o si se lo hiciera en efectivo. Con esto claramente vamos para atrás. Se había avanzado mucho respecto a la inclusión financiera como para dejar ahora libradas a nuestras familias, a nuestros jubilados, a la arbitrariedad del comercio y que haya distintos precios según se pague en efectivo o con tarjeta.

Ahora se plantea una exigencia de un monto mínimo de compra para aceptar pagos con medios electrónicos, conducta comercial prohibida por la Ley de Inclusión Financiera y que la LUC habilitó desde 2020, para perjuicio de los consumidores. Antes no se podía discriminar de esa manera por alguien que tenga o no tenga medios electrónicos de pago y menos plantear cobros diferentes. ¡Además de quitarnos el acceso a los descuentos del IVA, se genera una diferenciación entre quienes pueden pagar en efectivo y quienes prefieren lo mismo, que son las tarjetas de débito!

Con esta orientación, Uruguay tira quince años de esfuerzo de un sistema que buscaba ofrecer garantías y seguridad a la población.

¿Cómo se cortan las libertades? Pues ahora millones de trabajadores que antes podían usar medios de pago electrónico con descuentos de IVA, no tienen la posibilidad de acceder con similares beneficios de quienes operan con efectivo.

Pero el gran tema que genera controversia y falta de certeza jurídica para el lado de los más débiles, es que esta forma de volver a pagar los salarios en efectivo estimula a que se desarrollen actividades laborales “en negro”. Las normas de inclusión financiera permitían que los empresarios registren de manera electrónica los pagos a los trabajadores y con ello asegurar que se paguen todos los derechos vinculados a la seguridad social, además de acceder a los servicios financieros.

Claro, desestimulamos que un obrero o una empleada pueda cobrar su salario a través de medios electrónicos y les quitamos los beneficios de pagar de esa manera. Pero del otro lado del mostrador, habilitamos a que las operaciones en efectivo tengan un límite de 4.000 a 100.000 dólares. ¿A quién beneficia esto? No al obrero y a la empleada. Entonces, ¿por qué habilitar una modificación que quita derechos a los más débiles y empodera más a los que más tienen, fomentando actividades que hasta pudiesen resultar ilícitas o por lo menos sospechosas?

Siempre del lado del obrero y de la empleada, hoy planteamos que se deroguen los artículos de la LUC que nos hacen retroceder a principios de los noventa cuando Uruguay, apostada a ser una plaza financiera, opaca donde se permitían las transacciones sin controles de ningún tipo para beneficiar a los mismos de siempre. Estos artículos favorecen a los poderosos de toda la vida y, como nos tenían acostumbrados en los noventa, perjudican a las y los trabajadores.

Y usted, ¿de qué lado está?

Andrés Lima

Intendente de Salto