Opinión | “Vivir sin miedo” pretende hacer del fracaso norma de máxima jerarquía

Por Marcos Hernández* | @marcos_3311

El 27 de octubre, junto a las elecciones nacionales, se plebiscita una reforma constitucional impulsada por la campaña "Vivir sin miedo", la cual propone algunos cambios normativos a efectos de resolver los problemas de seguridad que tiene el país.

Las medidas que contiene el proyecto pasan básicamente por tres ejes; aumentar las penas de algunos delitos, habilitar la realización de allanamientos nocturnos, y crear una Guardia Nacional con efectivos militares y cometidos en seguridad pública.

El proyecto obtuvo las firmas necesarias para ser sometido a votación popular, lo cual es lógico, dado que es imposible negar que los problemas asociados al delito se han incrementado de un tiempo a esta parte. La población tiene una preocupación legítima por la seguridad. Es un problema real y se impone la búsqueda de soluciones.

Sin embargo, el sistema político no ha sabido encontrarlas. El gobierno no ha logrado gestionar adecuadamente el conflicto social, y la responsabilidad recae en primer lugar sobre la fuerza política que lo ejerce, pero también sobre la oposición, que no ha sabido proponer más que rutinarias e infructuosas interpelaciones al Ministro del Interior y ha apoyado muchas de las medidas que se han implementado sin éxito, de lo cual no cabe ninguna duda a la vista de las cifras en materia de criminalidad.

Cabe señalar que desde la llegada del FA al gobierno y una vez superada la crisis del 2002, la preocupación por la estabilidad económica y el empleo fue descendiendo a medida que los indicadores económicos mejoraron. Pero a la vez, la preocupación por la inseguridad fue aumentando.

A partir del año 2009 la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de la gente, cuando sin embargo los números no eran aún tan preocupantes como ahora. En ese contexto, en el año 2010, el gobierno convocó a la oposición a efectos de elaborar un "documento de consenso", con lineamientos para las políticas de seguridad de los años siguientes, el cual se aprobó el 10 de agosto de ese año. Ese acuerdo incluyó crear la Guardia Republicana -un cuerpo militarizado, basta con verlo- y darle alcance nacional, profesionalizar a la policía con más y mejores recursos, particularmente incorporando tecnología, aprobar el Nuevo Código de Proceso Penal (NCPP) y construir más cárceles, entre otros lineamientos.

En definitiva, un conjunto de medidas particularmente enfocadas en la represión y sanción del delito más que en la prevención. Se eligió el camino fácil, y no tardamos demasiado en comprobar que no conducía a la tan ansiada solución de los problemas de seguridad. El delito siguió en aumento hasta alcanzar cifras record.

Poco después de ese acuerdo se incorporaron más efectivos militares a la custodia de las cárceles, tarea que desarrollan desde 1997 en forma transitoria pero que se ha ido prorrogando periódicamente, por ahora hasta el año 2021. Como es sabido, el año pasado, además, se le asignaron a las Fuerzas Armadas cometidos de seguridad en las fronteras.

En los últimos años también asistimos al aumento de penas y al recorte de los estímulos a la rehabilitación durante la privación de libertad. Para poner algunos ejemplos, lejos de ser "mano blanda", se aumentó la pena para los delitos de narcotráfico cuando la sustancia en cuestión sea "pasta base", se aumentó la pena del homicidio, y si bien el NCPP constituyó una mejora largamente esperada en materia de justicia penal, estableciendo un proceso acusatorio, oral y público que garantiza la imparcialidad, que está expuesto a la evaluación por parte de la sociedad, y que reduce la duración de los juicios, entre otras características, no pasó mucho tiempo antes de que se lo acusara del aumento del delito sin demasiados fundamentos y se aprobara una contrarreforma del mismo, la que incluyó una flexibilización de los requisitos para disponer la prisión preventiva, el recorte del acceso a la libertad anticipada y el cumplimiento efectivo de las penas en los procesos abreviados. Y de nuevo, nada de eso logró mejoras en materia de seguridad. Por el contrario, cabe preguntarse qué incidencia han tenido éstas medidas en el incremento desmedido de la población privada de libertad, con el consecuente deterioro de las condiciones de reclusión y el desborde del sistema, todo lo cual redunda en un incremento de la inseguridad.

El proyecto de reforma constitucional próximo a plebiscitarse continúa desarrollando esta línea de acción; la militarización, el aumento de penas, el enfoque represivo en general. El proyecto subestima a la gente en tanto no trae nada nuevo en materia de propuestas, ni es esperable que tenga buenos resultados en caso de aprobarse. Un enfoque que además es poco eficiente, en tanto parecería más lógico invertir en la prevención que en la represión: es mejor prevenir que curar.

Se trata de medidas que además han sido desarrolladas en otros países con resultados lamentables: para no mencionar los conocidos ejemplos de México y Brasil, donde la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico ha sido nefasta, operando un aumento de la violencia y el delito, cabe señalar lo que ocurre en otros países con cuerpos militarizados como los Carabineros de Chile -ejemplo que proponen los impulsores de la reforma- que cultivan un largo historial de violencia y represión a manifestantes y movimientos sociales, o la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Estos cuerpos no sólo no logran inclinar la balanza en la eternamente fracasada "guerra a las drogas", sino que muchas veces toman parte en el negocio del narcotráfico o terminan siendo utilizados para reprimir a grupos políticos o sociales cuando manifiestan su descontento con el gobierno de turno.

Pero el proyecto de reforma da un paso más. Además de profundizar en las medidas que se han ido implementando sin éxito en nuestro país, pretende darle rango constitucional a las normas que consagran esas políticas. No sólo es más de lo mismo, sino que se pretende hacer del fracaso norma de máxima jerarquía, lo cual hará difícil cambiar de rumbo cuando esas medidas fallen.

Nadie pone en duda que es necesario encontrar soluciones al problema de la inseguridad, pero está claro que el camino no es el de la militarización y el aumento de penas. El miedo y la bronca no pueden ser el sustento moral y político de nuestras normas jurídicas fundamentales. Ya lo dijo el Senador Jorge Larrañaga en el año 2011 cuando se intentara bajar la edad de imputabilidad penal: "Manejar el miedo o el hartazgo de la gente para una reforma constitucional y más aún, como plataforma política no es ni jurídica, ni política ni cívicamente aceptable."

Son otros los valores y principios que deben regir una política de seguridad democrática en un Estado de Derecho. Tenemos que hacer las cosas de otra manera, recorrer otros caminos posibles.

Se pueden enunciar algunas medidas concretas y viables, para quienes creen que no hay otras opciones. Por ejemplo, en el año 2012 se creó una pensión para víctimas de delitos violentos. La reparación a las víctimas debería ser una preocupación central en relación al problema de la criminalidad y la cobertura de los riesgos mediante seguros y/o pensiones es un camino en el que se puede seguir avanzando, particularmente para las trabajadoras y trabajadores del sector comercio.

También es clave mejorar las condiciones de reclusión y fortalecer las políticas enfocadas en la preparación de las personas privadas de libertad para la vida en comunidad, a efectos de lograr una efectiva inserción social de las personas liberadas. Mucho tiene para aportar la sociedad civil en estos proyectos, a través de la extensión universitaria por ejemplo, sin perjuicio del esfuerzo institucional, para lograr que las cárceles dejen de ser parte del problema.

Otro camino que no podemos dejar de recorrer es el de la prevención del delito y la reducción de la violencia. Los homicidios han ido en aumento, y particularmente los cometidos con armas de fuego. Las armas constituyen un factor de riesgo, por lo que políticas enfocadas en el control y la tenencia responsable, así como a reducir el número de armas en circulación, pueden tener un impacto positivo y en plazos relativamente breves sobre la cifra de muertes violentas.

Estos son sólo algunos de los caminos que podemos recorrer para lograr las mejoras en seguridad que todos y todas queremos. Hay otras opciones. Poner la papeleta en octubre no es votar por más seguridad, sino por medidas que han fracasado aquí y en todas partes, complicando aún más la situación.

*Es estudiante avanzado de abogacía y Ciencias Sociales, escribe en Las Sobras del Cumpleaños y forma parte del círculo de seguridad del sector Casa Grande del Frente Amplio.