Opinión | Uruguay, el freno y el control

El Uruguay presenta hace demasiados años una pobre tasa de crecimiento, exceptuando el período 2003-2013, al que algún organismo internacional ha denominado “la década de oro de América Latina”, impulsada por la demanda de sus exportaciones.

Cada año nos distanciamos más de los países que aprovechan sus tiempos.

Veamos algunos datos.

¿Cuánto ha crecido el PBI (Producto Bruto Interno) de Uruguay y del Mundo en diferentes períodos a lo largo de 63 años?

Fuente: Banco Mundial.

Hay varias causas de esta pobre performance. No podemos apostar a otra “década de oro” como la del 2003-2013 ya que no es probable que ocurra. Tenemos que enfocarnos en los problemas endémicos y superarlos.

Una de ellas es la inversión en Uruguay, que en la última década ha sido de un promedio de 16,8% del PBI, mientras que en el Mundo fue de 25,7%. Una diferencia de casi 9% menos, según datos del Banco Mundial.

Y cabe señalar que una parte importante de dicha inversión bruta es depreciación, reemplazo del capital; no es incremento neto de inversión, es sólo reposición. Y sin inversión neta fuerte no hay crecimiento económico ni del empleo.

Parte de la responsabilidad está en el Estado (en sentido amplio), con sus regulaciones inadecuadas, con la protección a grupos de presión empresariales y sindicales, con una presión impositiva que penaliza la inversión común y un gasto público ineficiente.

Otra causa relevante del pobre crecimiento es la educación y su pobre resultado en términos comparativos.

Como indicador internacional de éxito y de tendencia puede presentarse el “Nivel de instrucción: al menos ciclo superior de la escuela secundaria completo, población de más de 25 años, en%”.

Se toman los cuatro países más cercanos que cuentan con datos en el Banco Mundial (con base en datos de la Unesco, que no incluyen a Argentina).

Dichos cuatro países cercanos, en veinte años, incrementaron el número de dichos egresados en 22,1% en promedio. En cambio, Uruguay sólo aumentó un 1,6%. Esos países aumentaron 20,5% más que nosotros.

Fuente: Banco Mundial.

Sin inversión en capital humano no hay progreso permanente. Desde 2005 el gasto en educación tuvo un fuerte incremento, pero su resultado no.

La educación debe considerarse otro flojo resultado del Estado que la dirigencia del país no logra solucionar hace demasiados años.

La gravedad de la insuficiencia de la enseñanza lleva a la escasa “empleabilidad” de muchos educandos, muchos de los cuales se desinteresan del aula sin completar los estudios necesarios.

La escasa inversión y el resultado educativo son causas básicas del desempleo juvenil de alrededor del 25%, del desempleo estructural y de la insuficiencia salarial.

La pobreza incluye hace muchísimos años al “núcleo duro de la pobreza”, que es alrededor del 10% de la población. Muchos de sus integrantes pertenecen a sucesivas generaciones de familias marginadas.

Allí está el caldo de cultivo del incremento de la inseguridad y del narcotráfico, alimentado en las cárceles por el horror que el Estado administra y no soluciona.

Nos va mal en los aspectos más importantes de la sociedad a pesar del volumen creciente del gasto público, del déficit y del endeudamiento.

¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se resuelven los problemas?

Así lo enseñaba Robert Michels en 1915:

“Por una ley social universalmente aplicable, todo órgano de la colectividad, nacido por la necesidad de la división del trabajo, crea para sí mismo, tan pronto se consolida, intereses que le son peculiares. La existencia de estos intereses especiales supone un conflicto forzoso con los intereses de la colectividad”. 

Y los intereses de la sociedad, que debe defender el sector público, no son controlados adecuadamente en la aplicación del gasto ni en la asignación de responsabilidades por ello. En realidad, se mide muy poco y se exige menos.

¿Por dónde pasa un posible camino para facilitar las soluciones?

Por una mejor defensa de los intereses no satisfechos de la colectividad a través de un mejor contralor ciudadano.

Porque los actuales controles no se hacen bien. Lo que es evidente.

No se evalúa la aplicación de recursos (el costo) de las actividades estatales respecto a sus resultados, según lo exige la Ley.

Sí, las normas legales existen. No se cumplen.

Por ejemplo, la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado mandata a:

-        La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a “E) evaluar la ejecución financiera del Presupuesto Nacional, analizando los costos y los rendimientos de los programas y proyectos en cuanto a su eficiencia” (Art. 163).

-        Al Tribunal de Cuentas “informar (…) su opinión con respecto al costo de los servicios y eventualmente su comparación con los rendimientos obtenidos” (Art. 115) y “el control externo de eficiencia estará a cargo del Tribunal de Cuentas” (Art. 122).

-        A todos los incisos (que son una clasificación presupuestal de organismos) “proveer, sobre una base periódica, de indicadores de eficacia, eficiencia y calidad para los programas presupuestarios en ejecución”. (Art. 165).

Y como dijera Peter Drucker (o Lord Kelvin): “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, siempre se degrada".

Veamos un solo ejemplo de costos y posible indicador de gestión simple, pero “en serio”: el costo mensual de cada interno en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

Este tenía, en 2024, 1.605 empleados en 15 centros para atender unos 300 menores con privación de libertad y unos 250 con medidas sustitutivas, a un costo de $ 2.935.156.000 (US$ 73 millones) lo que representa unos $700.000/mes cada interno y mucho menos los externos.

Compare con el costo de las cárceles de adultos, llenas de reincidentes, que se estimaron en $ 34.293/mes cada preso en el mismo año.

Un indicador muy simple, como el anterior, sólo necesita la información existente de la cantidad de empleados, la cantidad de menores internados atendidos (con una equivalencia para los no internados quienes generan pocos egresos) y el costo total (remuneraciones, gastos e inversiones) del organismo.

Todo lo cual está a disposición de un ciudadano experimentado, aunque esto debería ser actividad estatal permanente, la cual no se hace bien o no se informa.

Los ciudadanos ¿no deberían hacer algo más que votar, dada la insuficiencia demostrada del Estado al respecto?

Los “nabos de siempre” (al decir de Tomás Lynn) y los “pobres de siempre” se beneficiarían.