Opinión | Universidad de la Educación, prioridad de gobierno

El pasado 5 de enero ingresó al Parlamento el proyecto de ley que propone la creación de una Universidad de la Educación (UNED) en nuestro país. Si bien la aspiración inicial ha sido comenzar su tratamiento en marzo, el carácter prioritario nos ha impulsado desde ya a buscar los caminos que hagan posible hacerlo desde febrero iniciando su tratamiento con una comparecencia del ministro de Educación y Cultura. Recordemos que venimos trabajando largamente para que los profesionales de la educación puedan acceder a una formación de rango universitario. Lo hicimos en 2013, luego en 2017 y, durante este gobierno, ya lo comenzamos a hacer el pasado año, cuando el Ministerio de Educación y Cultura realizó la presentación inicial de este proyecto en el mes de julio. No podemos conceder más dilatorias, urge el tratamiento parlamentario de la propuesta. Y, por supuesto, su aprobación.

Una deuda histórica

Nuestro país tiene una larguísima trayectoria en formación de profesionales de la educación. Desde el Siglo XIX, con la creación de los primeros Institutos Normales, a la más reciente creación del Consejo de Formación en Educación a partir de la Ley General de Educación. Casi tan extensa como lo es esta trayectoria, es la deuda que tenemos con el reconocimiento y dignificación de la formación docente. A lo largo del Siglo XX distintos países, tanto en América Latina como en Europa, han creado diversos tipos de instituciones especializadas en la formación de formadores de la educación mediante una modalidad institucional de tipo universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que han reconocido la complejidad y especificidad que tiene tanto la formación de estos profesionales como la producción de conocimiento específico en materia educativa. Por tanto, han promovido el nacimiento de instituciones que estén a la altura de ese desafío reconociendo tanto su ubicación como formación terciaria universitaria, como su organización institucional autónoma y cogobernada. Sin embargo, nuestro país aún sigue manteniendo estructuras para la formación de profesionales de la educación que no demuestran tal reconocimiento. Es entonces nuestro compromiso volver a dar la pelea para subsanar este debe y así reconocer en los hechos a la formación docente como un campo de conocimiento que requiere autonomía académica, capacidad de investigación, desarrollo de posgrados y producción sistemática de saber.

No obstante esta deuda, la larga trayectoria referida condensa el sustento para dar pie al nacimiento a una nueva universidad pública. Uruguay cuenta con una formación docente de calidad y con profesionales formados que no solamente necesitan un marco institucional acorde para seguir legando la experiencia y el conocimiento acumulado, sino que requieren la actualización de sus formas organizativas para seguir profundizando el nivel ya no solo de su formación sino también para contar con marcos de producción de conocimiento adecuados sobre la realidad educativa de nuestro país en sintonía con sus realidades. Conocimiento que pueda ser un insumo válido para la toma de decisiones y para la promoción de políticas educativas nacionales en lugar de adoptar reformas que, pese a su eventual solidez técnica, no dejan de obedecer a contextos foráneos.

Autonomía, cogobierno y descentralización

Autonomía y cogobierno han sido los pilares fundantes de la universidad latinoamericana, desde la reforma universitaria de Córdoba en 1918, y uruguaya desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Udelar en 1958. Hoy siguen siendo los principios que orientan nuestro norte. A ellos hoy sumamos la descentralización, porque ella hace a un principio de justicia básico que está relacionado con las posibilidades de acceso de la población en todo el territorio nacional. Autónoma, porque la educación superior debe ser independiente de las estructuras partidarias de gobierno y el tiempo de despliegue de su estrategia educativa no puede verse afectado por los cortes temporales que suponen cada cambio de gobierno. Cogobernada, porque la participación de los actores involucrados es fundamental para seguir promoviendo un sistema educativo democrático y plural. Descentralizada, porque la educación pública debe contar con profesionales formados en todo el territorio nacional para garantizar no solamente la formación de formadores, sino también la viabilidad de los tramos educativos que ellos sostienen, tanto a nivel de primaria como de secundaria. La formación docente ya cuenta hoy con una organización territorial extendida en todo el país, lo que le otorga a la futura universidad una base sólida para profundizar su presencia en el interior y consolidar un modelo universitario verdaderamente nacional.

Más allá de la voluntad política

La figura constitucional que habilita a crear una institución pública estatal con mayores márgenes de autonomía es la de ente autónomo. Por tal razón, la Universidad de la Educación, al igual que la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, habrá de fundarse como tal y por esa misma razón es que hoy nos encontramos tratando su proyecto de creación en el parlamento.

Hemos sostenido desde el vamos que para el nacimiento de una institución de tales características e importancia para la educación pública de nuestro país es deseable contar con el mayor apoyo tanto social como partidario. Más allá de eso, el diseño institucional de nuestra república obliga a que dos tercios de los parlamentarios apoyen la iniciativa para convertirla en ley. Esto es mucho más que una mayoría simple: 20 senadores y 66 diputados. Partimos igualmente de un buen piso, producto de años de trabajo por parte del Frente Amplio en la aprobación de una universidad para la formación docente orientado a construir esas mayorías especiales: al día de hoy una institución de este tipo es reconocida como necesaria no solo por nuestro partido político.

Nuestro desafío es seguir buscando un punto de acuerdo para que la aprobación sea posible. El diálogo está abierto tanto con los diferentes actores sociales que impulsan la creación de la UNED, docentes, estudiantes y académicos, como con representantes de los partidos de oposición. Insistimos, la aprobación de la Universidad de la Educación es una prioridad para nuestro gobierno, porque sin institución no hay camino posible a recorrer.

El reciente ingreso del proyecto al parlamento y su definición como prioridad por parte del gobierno abre una nueva etapa que entendemos decisiva. Confiamos en nuestra capacidad social y política a nivel país para sostener un diálogo amplio, franco y honesto sobre las necesidades de nuestro sistema educativo en materia de formación de profesionales de la educación y así convertir en realidad la Universidad de la Educación que Uruguay se merece.

La creación de una Universidad de la Educación, autónoma, cogobernada y descentralizada es el paso que el sistema nacional de educación pública está necesitando. Oponerse a ello es poner palos a una rueda que pide insistentemente en seguir rodando hacia el futuro.