Opinión | Un sistema sin timón: la tercerización de la conducción educativa en Uruguay

En educación el inicio de clases no es solo una rutina administrativa: es el momento en que un país decide, explícita o implícitamente, qué futuro está dispuesto a construir. Cada comienzo de año debería ser una oportunidad para ordenar prioridades, fijar rumbos y renovar compromisos.

Sin embargo, en Uruguay transitamos otro comienzo de año marcado por una preocupación creciente: la conducción del sistema educativo está cada vez más lejos de quienes tienen la responsabilidad política de gobernarlo y cada vez más cerca de terceros sin un mandato ciudadano claro.

Hoy, buena parte de las decisiones estratégicas no se toman en función de un proyecto nacional de educación, sino para cumplir con equilibrios corporativos, presiones sindicales y otras agendas.

En algunos subsistemas, la conducción queda condicionada por los sindicatos, como ocurre en Secundaria, donde la autoridad formal convive con un poder real ejercido desde fuera de la institucionalidad. En otros casos, se delega el rumbo en supuestos “expertos” sin anclaje territorial ni experiencia de gestión, como sucede en el Consejo de Formación en Educación. Y en Educación Superior, el debate se reduce a una sola obsesión: crear una universidad de la educación, sin discutir seriamente la calidad, el financiamiento o la gobernanza.

Un ejemplo reciente de pérdida de conducción lo ilustra con claridad: la decisión de la ANEP de crear una nueva maestría en asociación con una universidad extranjera de segundo nivel, dejando de lado las capacidades instaladas en Uruguay. No se trata de rechazar la cooperación internacional, que es necesaria, sino de preguntarse por qué el Estado prefiere importar soluciones antes que fortalecer sus propias instituciones.

Ese reflejo es un síntoma de algo más profundo: la renuncia a liderar.

Algo similar ocurrió con el acuerdo entre Defensa e INISA para capacitar a jóvenes. Más allá del caso puntual, lo preocupante es la lógica: ante la falta de una política educativa sólida, se improvisan soluciones fragmentadas, sin evaluación sistémica ni visión de largo plazo.

Mientras tanto, el debate público se llena de intermediarios. Consultoras, redes informales de expertos, espacios cerrados de “consenso” que no pasan por las urnas ni por los programas. Cambian los nombres, se reciclan los discursos, pero se mantiene la misma pretensión: influir decisivamente en la política educativa sin asumir responsabilidad política.

El problema no es que existan espacios de reflexión. Son necesarios. El problema surge cuando esos espacios pasan a ocupar el lugar de la conducción legítima.

La educación no puede gobernarse por comité, por asamblea permanente ni por consultoría externa. Se gobierna con liderazgo, equipos sólidos, planificación, evaluación y rendición de cuentas. Y hoy eso falta.

El actual gobierno parece más preocupado por administrar equilibrios internos que por construir una estrategia nacional. No hay una hoja de ruta. No hay metas para controlar los resultados. No hay una narrativa coherente sobre calidad, equidad e innovación. No existe una política integral para la formación docente. No hay una visión moderna para la educación superior.

En ese vacío, avanzan los terceros.

 Avanzan los gremios cuando el Estado no lidera.
 Avanzan los expertos cuando la política no decide.
 Avanzan los acuerdos parciales cuando no hay proyecto.
 Avanzan las soluciones importadas cuando no se fortalecen las propias.

El resultado es un sistema fragmentado, lento, defensivo, atrapado en debates del pasado mientras el mundo educativo avanza.

Uruguay ya pagó caro en términos de aprendizajes, abandono y frustración social, así como en la falta de conducción sostenida. No podemos darnos el lujo de repetir ese error.

La educación no necesita tutores externos. Necesita una conducción política responsable, autoridades que asuman costos. Que prioricen. Que ordenen. Que evalúen. Que expliquen. Que rindan cuentas.

Necesita partidos comprometidos con programas serios. Necesita equipos técnicos integrados al proyecto político, no sustituyéndolo. Necesita un diálogo social real, no un veto permanente. Necesita una cooperación internacional inteligente, no dependencia.

Este comienzo de año debería ser el punto de partida para recuperar ese debate.

No se trata de silenciar voces. Se trata de restituir un principio básico: quien gobierna, gobierna. Y quien gobierna, responde.

Dejar la educación en manos de terceros es, en el fondo, una forma elegante de renunciar a transformarla.

Y Uruguay no puede seguir renunciando a su futuro.