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Gustavo Olmos

Escribe Gustavo Olmos

Opinión | Un amigo de la causa a ambos lados del mostrador

Una actuación de la Dirección de Casinos que demuestra favores a una empresa y que el ministerio de Economía aún puede subsanar, si quiere.

11.11.2022 09:35

Lectura: 8'

2022-11-11T09:35:00-03:00
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La Dirección General de Casinos (DGC), cuyo director trabajó en Hípica Rioplatense (HRU) entre febrero de 2016 y febrero de 2017 y desde ese momento hasta asumir este cargo público como Miembro de la Comisión Hípica designado por la misma empresa, decidió renegociar con la misma el contrato para la explotación de una sala de juegos, en condiciones beneficiosas para el privado y sin contrapartidas para el Estado. Veamos la historia.

Marco general

La Dirección General de Casinos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, “es la entidad a nivel nacional que tiene como cometidos fundamentales, la explotación directa de juegos de azar en el sistema tradicional, la complementación de las inversiones privadas con la instalación de Salas de Juegos explotados directamente por el Estado, la detección del juego ilícito y promover la actividad hípica a nivel nacional”. Así figura en el sitio web oficial. 

Para ejercer esos roles, opera salas de juego en dos modalidades. En el sistema tradicional, la inversión, la explotación directa del juego y la prestación de los servicios periféricos es realizada por el Estado. En el denominado Sistema Mixto de Explotación de Complejos Turísticos y Comerciales, a partir de la inversión privada en esos rubros, el Estado explota directamente Casinos o Salas de Esparcimiento y el inversor percibe una contraprestación fija, cuyo ajuste anual está ligado al resultado de la gestión del establecimiento de juego.

Antecedentes

Hípica Rioplatense fue creada en 2002, al haber obtenido mediante un proceso licitatorio la adjudicación para la gestión del Hipódromo Nacional de Maroñas, en sociedad con la Dirección General de Casinos. En 2012 se le adjudicó la gestión del Hipódromo Las Piedras. Estas concesiones fueron otorgadas, como siempre ha sucedido, con un compromiso de obras por parte de la empresa, que según su propio sitio web ascendió a más de 100 millones de dólares. Porque no es interés del Estado promover el juego o recaudar a través del mismo, sino que se busca regularlo y, cuando se opera en asociación con privados, realizar obras que sean de interés.

Dado que la actividad hípica es deficitaria, pero el Estado tiene interés en su desarrollo por razones culturales y de generación de empleo, particularmente en población con bajo nivel educativo, para hacer viable la reapertura de Maroñas y Las Piedras, la concesión contemplaba, adicionalmente, un contrato de arrendamiento al Estado para la explotación de cinco centros de entretenimiento con sala de slots, servicios de gastronomía y agencia hípica. Dos de ellos debían estar ubicados en Montevideo (hoy instalados en Montevideo Shopping y 18 de Julio y Yaguarón) y tres en el interior (que fueron ubicados en Hipermercado Géant, Las Piedras y Pando).

Estas salas son explotadas en régimen llamado ‘sistema mixto’, donde el privado aporta bienes inmuebles, material de juego, servicios, etc., a cambio de un precio variable anual y la explotación comercial de la sala de juego está a cargo de la Dirección General de Casinos.

HRU S.A. es parte del Grupo CODERE, líder en la industria del entretenimiento, con actividad en 8 países de Europa y América.

Sala en Costa Urbana

En 2018 la DGC comenzó el procedimiento para la contratación y apertura de la sala Costa Urbana, cuya apertura se hizo en noviembre de 2020.

El 2 de abril de 2020, en entrevista al Semanario Búsqueda, el flamante Director General de Casinos, Gustavo Anselmi, a 10 días de haber asumido el cargo, declara que la futura sala de juegos en Costa Urbana es una muy mala inversión.

Dice, además, que “en la DGC no hay ningún estudio de mercado ni de factibilidad, no hay ninguna planilla Excel para calcular la tasa interna de retorno como para tomar esta decisión sobre el casino”. Afirma que ‘“no parece lógico desde el punto de vista comercial” instalar una sala en la misma zona donde ya existe otra” y concluye que la sala del Geánt “se vería sumamente afectada y se afectaría también al turf”.

La pregunta que surge es evidente, como evidente es su respuesta. ¿Cómo sabía el Director, a 25 días de haber asumido, y si no había visto expediente, evaluación, ni siquiera una planilla Excel, que se trataba de una muy mala inversión? Pues lo sabía porque era la opinión de la empresa en la que había trabajado como Gerente Corporativo de Operaciones entre 2016 y 2017 y como Miembro de la Comisión Hípica, Hipódromo de Las Piedras y Maroñas, entre 2017 y 2020, cargo al que había renunciado para asumir la Dirección General de Casinos.

Por supuesto que el expediente existe, lleva el número 399/2018 y en el constan todos los informes favorables de las distintas reparticiones de la DGC, en particular del Área Comercial, con funcionarios de carrera que dominan el negocio y a quienes el director podría haber consultado.

Reclamo de HRU

El 2 de junio de 2020, HRU presenta una nota planteando que la instalación de la sala de juegos en Costa Urbana representaría una amenaza para las inversiones realizadas por la empresa en Hipermercado Géant y, como consecuencia, para los recursos que se destinan al fondo de premios hípicos. En ese marco, solicita que la DGC desista de la instalación de la sala.

El reclamo se hace cinco meses antes de la apertura de la sala, que ya estaba en avanzada construcción y de cuya existencia se tenía conocimiento desde 2018, cuando se inició el expediente público. La afectación era simplemente una hipótesis de la empresa.

A partir de ese reclamo hay una serie de intercambios entre la DGC y HRU, donde se analiza la posibilidad de mudar la Sala Géant a Nuevocentro Shopping. En algún punto surge otra opción, que es mudar la Sala Pando y en ese sentido se avanza. Pero lo más insólito es que la propuesta de mudar Sala Pando, y no Sala Géant, surge de la propia administración y por supuesto es aceptada con sumo beneplácito por la empresa.

Llaman la atención varias cosas. En primer lugar, la razón por la que se avanza en una negociación sin evidencia que respalde la hipótesis de la empresa (que los ingresos de Sala Géant se verían afectados, cosa que no podía determinarse cuando Costa Urbana no había sido abierta). En segundo término, por qué la solución planteada es la mudanza, cuando existen otras formas mucho más sencillas de, en caso de comprobarse, solucionar la afectación, como por ejemplo modificar levemente los porcentajes de participación de la empresa. Tercero, que la mudanza sea de la Sala Pando, cuando la supuestamente afectada iba a ser Sala Géant.

Un nuevo negocio

La Sala Pando funciona en un local de 927 m2 y tiene aproximadamente 140 posiciones de juego. La recaudación bruta promedio ronda los 10 millones de pesos mensuales.

Es una recaudación tres veces menor que la de Sala Géant.

En Nuevo Centro, la DGC habilita instalar una sala de 1.385 m2 y tiene una proyección de 280 puestos de juego. Es decir, 50% más espacio, con el doble de máquinas, y en un centro comercial con una afluencia de público muchísimo mayor que la ciudad de Pando. La propia Secretaría del Área Comercial concluyó que habrá un aumento de prestaciones superior al 50%.

Y ¿cuál es la contrapartida que ofrece la empresa? Ninguna. ¿Cuál la que le pidió la Administración? Ninguna.

El argumento de que habrá un aumento de recaudación que redundará en mayores ingresos para la DGC, siendo cierto, no es de recibo. En todos los casos anteriores, se habilitaron salas de juego para explotación en sistema mixto porque el Estado tenía interés en que se hiciesen determinadas obras. Esa es la historia del Hotel Conrad en Punta del Este, del Victoria Plaza, de las salas de Salto y Rivera. Y por supuesto la de Hípica Rioplatense, con la remodelación y obras importantes en los hipódromos de Maroñas y Las Piedras.

La DGC argumentó, en Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que los contratos celebrados contienen una cláusula que obliga a recomponer la ecuación económica de la empresa en el caso que por acciones de la administración la misma se vea afectada. El punto es que aquí no se está recomponiendo la ecuación. Eso significaría compensar la menor recaudación que tuviese la empresa y la afectación del Premio Hípico. Lo que se está generando es un importante incremento en la utilidad a la empresa sin ninguna contraprestación.

Resumiendo, el Director General de Casinos promueve una mejora sustancial en el negocio de la empresa en la que trabajaba hasta asumir ese cargo, sin negociar ningún beneficio para el Estado que se supone debe defender.

Podía haberse negociado varias obras necesarias en el Hipódromo de Las Piedras: iluminación de pista y espacios prioritarios, obras en la plaza de comidas y el asfaltado de espacios que aún se hallan con balastro o material liviano. Si no eran esas, como entiende la Intendencia de Canelones, otras; pero alguna.

Aquí no hubo una renegociación de contrato. Lo que hubo es la generación de un nuevo negocio para una empresa, sin que nadie haya defendido los intereses del Estado. Quien llevó adelante la negociación depende del Ministerio de Economía y Finanzas. El contrato aún no se ha firmado. La ministra está a tiempo de frenar las actuaciones y renegociar condiciones dignas.