¿A quién protege el impuesto Temu? No protege al comercio local, porque la gente no va a dejar de comprar donde le sale más barato. No protege al comercio nacional, porque ese tipo de protección ya no funciona desde hace décadas. Lo único que logra esta medida es aumentar la recaudación del Estado a costa del consumo de los ciudadanos, disfrazando de “protección” lo que en realidad es una maniobra fiscal. Es la versión 2025 de una política que ya fracasó en los años 50: cobrar más por importar, sin cambiar nada de fondo.

El nuevo IVA sobre las compras en plataformas como Temu no va a cambiar la lógica de consumo. Las personas que compran allí no lo hacen por capricho, sino por necesidad: porque la ropa, los artículos para el hogar o la tecnología de uso básico cuestan la mitad o menos que en el comercio local. El argumento de que esta medida busca proteger al comerciante uruguayo es débil: si los precios siguen sin competir, la demanda tampoco se va a mover.

En resumen: se impone un impuesto sin modificar las condiciones estructurales que llevaron a ese tipo de consumo.

Esta no es una medida de estímulo al comercio local. Es una medida recaudatoria. Aumenta los ingresos del Estado cobrando más impuestos a sectores que ya están ajustados. No se trata de un impuesto progresivo que grave el lujo o la evasión de grandes plataformas. Se grava al que importa dos camperas y un par de championes. El discurso de justicia tributaria se diluye cuando se apunta al pequeño importador digital o al consumo familiar.

A mediados del siglo XX, Uruguay apostó a la sustitución de importaciones como forma de proteger su industria, pero hoy ese modelo no tiene anclaje: no contamos con una estructura productiva competitiva, ni escala, ni políticas de apoyo que permitan competir en precios con importaciones masivas. Lo que se necesita es una política que combine incentivos a la inversión nacional y extranjera con innovación, generación de empleo y desarrollo de valor agregado local. Sin eso, cualquier intento de protección aislada está condenado al fracaso. Lo que se esconde detrás es una decisión política: recaudar más, haciendo pasar por “protección nacional” lo que en realidad es una carga sobre los ciudadanos.

Durante la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno, el Frente Amplio repitió con claridad: no se aumentarían los impuestos. Era un compromiso central. Hoy, al gravar compras por plataformas como Temu —que estaban exoneradas— el gobierno rompe esa promesa. Y lo hace bajo un relato técnico que esconde lo esencial: esto es un aumento de impuestos que recae, otra vez, sobre sobre el ciudadano de a pie. No es progresista, no es redistributivo, y no es coherente con lo que se dijo en campaña.

Digámoslo con todas las letras: el impuesto Temu no cambia el modelo, no protege el trabajo, no beneficia al pequeño comerciante. Solo cobra más. Y lo hace, además, rompiendo la promesa de no aumentar impuestos. No es un error técnico, es una decisión política.

No se puede seguir actuando así, castigando al ciudadano de a pie para recaudar más sin afrontar el problema de fondo. El verdadero debate que evitamos es el de nuestra estructura económica: somos un país caro no por lo que importamos, sino por lo que no producimos con eficiencia. Si no discutimos cómo generar empleo, valor agregado y producción nacional sustentable, seguiremos usando parches fiscales que castigan a los de abajo sin resolver los problemas de fondo.