Opinión | Superar miedos: la necesaria atención de la situación social de los militares

Vamos promediando el tercer año de gobierno y ya no es solo una, sino que son varias las políticas que van quedando truncas en el marco de un gobierno golpeado por escándalos de corrupción y vínculos que favorecieron al narcotráfico, entre otros episodios vergonzantes. Sin embargo, tapados por estos escándalos, quedan los vacíos de ciertas políticas públicas en las que se había prometido avanzar y en las que no hemos visto los resultados prometidos. Una de ellas, que ha quedado en el olvido, es precisamente la política estratégica de defensa y, con ello, la falta de cumplimiento de las viejas promesas de campaña.

A la familia que integran los cuerpos militares se les queda debiendo —y mucho— en lo que va de este gobierno. Es necesario que, desde el Frente Amplio, podamos dar una visión estratégica al tema de políticas de defensa y estrategia. En este gobierno, eso no se ha cumplido. Para hablar de una estrategia de defensa, tenemos que hablar de la pobreza y la gran desigualdad que existe en materia de ingresos entre las cúpulas militares y la base de las fuerzas. Esa fue una promesa de campaña y es algo que no se ha cumplido.

En la última rendición de cuentas, el incremento más alto fue solo del 8% para los escalafones más bajos, lo que fue decreciendo hasta llegar al grado de capitán. Pero esos aumentos salariales tan magros terminan quedando sumergidos en la inflación y no significan un real aumento para los trabajadores militares, quienes quedan aún en situaciones de pobreza, cuando no, dado el tamaño de sus familias, prácticamente en indigencia.

Buena parte de la familia del sector militar vive en asentamientos o literalmente no tiene ningún tipo de vivienda. El 10% del personal de las Fuerzas Armadas vive en asentamientos. Hay 1862 efectivos que viven en unidades militares —esto quiere decir que son soldados—, también hay oficiales que trabajan en un lugar lejos de su departamento de origen pero que no tienen posibilidad de tener una casa de otra modalidad que no sea la de vivir en el cuartel, lo cual lleva a que 24 horas al día estén prácticamente de servicio: viven en el lugar donde trabajan.

Pero no solo nos preocupa la cantidad de soldados que viven en asentamientos, sino que además del 10% del personal que vive en asentamientos, se suman 7738 efectivos que viven en la vivienda de un familiar o en una vivienda cedida o prestada.

¿De qué manera vamos a hablar de un uso estratégico de las fuerzas armadas para temas que realmente sirvan cuando tenemos a su personal en situación de pobreza?

Las fuerzas de base tienen que mejorar su situación de ingresos, así como de vivienda y salud. Y para ello necesitamos reenfocar el gasto presupuestal de defensa, sin aumentarlo, sino que restando y minimizando inversiones y despilfarros que se dan en la cúpula de las fuerzas armadas e invertirlo en quienes realmente prestan servicio social al pueblo uruguayo. ¿De qué nos sirven o en qué aportan oficiales que ganan más de cien mil o doscientos mil pesos por mes? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el aporte que hacen al Estado?

Hoy tenemos que retomar y volver a hablar del servicio social que las fuerzas armadas prestan a la ciudadanía. En especial colocarlas en el seno estratégico del Estado. Hay un servicio social que pueden prestar y que debe ser utilizado por la estructura del Estado. Parece haber una especie de divorcio entre las prestaciones que podrían brindar los servicios militares con la reforma del Estado. Nadie está haciendo el vínculo entre todo un aparataje enorme que cuesta al Estado cientos de millones de dólares anualmente y que no está al servicio estratégico de políticas públicas como las sociales, de obras públicas y de seguridad. ¡Estamos fallando! Tanto por mantener a los trabajadores y las trabajadoras militares en condiciones de extrema pobreza, como en no utilizar este gran aparato en beneficio de la ciudadanía.

Cuando nos referimos al rol esencial que pueden tener los servicios militares, es que aún pueden ser más estratégicos en áreas que pueden ser claves para el Estado. Y para eso se requiere redistribuir recursos dentro de las fuerzas armadas. Es cierto que la Caja Militar es un tema para solucionar, pero sobre todo trabajar en torno a una redistribución de recursos que permita atender la situación de la base y, como contraprestación, un rol más activo en los servicios sociales. La ecuación no es tan difícil, y lo que el gobierno prometió hacer no lo está haciendo.

Sí es posible mejorar la situación de los trabajadores de los servicios militares sumergidos en la pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Al mismo tiempo, sí es posible redistribuir recursos dentro de las propias Fuerzas Armadas y dar un uso más estratégico a toda la infraestructura creada y sostenida por todos los uruguayos, para que se redoble el aporte que estos cuerpos hacen a la sociedad. Sí es posible que se haga, pero, ahora, nadie lo está haciendo.