Opinión | Sin justicia territorial, no hay justicia social

La reciente reestructura del Plan de Universalización del Saneamiento, anunciada por las autoridades de OSE, volvió a colocar en la agenda pública una discusión que trasciende la ingeniería y la infraestructura y se instala en el centro de la discusión el modelo de desarrollo territorial que se pretende construir. Si bien toda política pública debe ser evaluada y ajustada en función de criterios técnicos, financieros y de gestión, las decisiones vinculadas al acceso a la infraestructura básica también reflejan prioridades políticas y una determinada visión de país.

El plan aprobado originalmente por el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou contemplaba una primera etapa de intervención en 61 localidades del interior, de distintas escalas distribuidas en los 18 departamento del interior del país. Sin embargo, el rediseño actual reduciría su alcance a tan solo 28 localidades, lo que representa un recorte significativo.

Detrás de estas obras existen impactos directos sobre la salubridad pública, la calidad de vida de la población, el desarrollo urbano y las oportunidades de crecimiento de las localidades. La situación ha generado una profunda preocupación, especialmente si se considera que Uruguay mantiene importantes brechas de cobertura en la red pública de saneamiento, siendo que Montevideo ronda un 90%, y en el interior del país promedia el 50%, siendo Canelones el departamento con menor cobertura con apenas el 30%.

Estas cifras evidencian que el saneamiento continúa siendo una de las principales brechas de infraestructura básica existentes entre la capital y el interior. En numerosas localidades, miles de hogares aún dependen de sistemas individuales, comúnmente conocidos como “pozos negros”, una realidad que compromete la salubridad pública, y limita el desarrollo social y urbano de las localidades.

Desde una perspectiva de salubridad, el adecuado tratamiento de las aguas residuales permite reducir riesgos de contaminación de suelos y cursos de agua, mejorar las condiciones de higiene de hogares y de salubridad pública.

A su vez, el impacto económico de estas obras va mucho más allá de la inversión inicial. La infraestructura de saneamiento representa una inversión en igualdad de oportunidades. Implica también la generación de empleo local, la movilización de pequeñas y medianas empresas y el fortalecimiento de las economías locales. También permitiría el desarrollo de programas habitacionales que requieren infraestructura básica para su implantación. Cuando estas obras se eliminan, reducen o postergan, no solo retrasa la mejora de servicios esenciales, sino que también se limitan las oportunidades de crecimiento y arraigo de la población en sus localidades.

La dimensión territorial tampoco puede ser ignorada, en un país donde históricamente se han señalado diferencias entre la capital y el interior, la expansión de las redes de saneamiento ha sido concebida como una herramienta de equilibrio territorial, equidad y desarrollo. Más allá de las diferencias políticas respecto a la planificación y financiamiento del Plan de Universalización del Saneamiento, la discusión de fondo parece ser otra: cuál es el lugar que ocupa el saneamiento dentro de las prioridades nacionales de desarrollo. A la luz de las decisiones adoptadas, resulta difícil sostener que esta política se encuentre entre las principales prioridades del país.

Se está perdiendo una oportunidad de gran relevancia. Cuando se habla de saneamiento, no se está hablando únicamente de infraestructura, cañerías, colectores o plantas de tratamiento; se está hablando de una política pública estrechamente vinculada con la salud pública, la dignidad humana, la protección ambiental y las oportunidades de desarrollo territorial y económico. En conclusión, el acceso al saneamiento constituye una condición indispensable para construir un país más equilibrado e inclusivo; porque sin Justicia Territorial no hay Justicia Social.