Opinión | Si no es ahora, ¿cuándo?

El deporte uruguayo, y en especial el fútbol, atraviesa una crisis que no podemos seguir negando. Lo ocurrido durante el último clásico entre Peñarol y Nacional debe ser un punto de inflexión, no solo porque el operativo policial dejó como saldo dos efectivos heridos —uno de ellos en estado grave—, sino porque, increíblemente, desde el Ministerio del Interior se habló de un operativo “exitoso”. Cuando la violencia irrumpe en un espectáculo deportivo al punto de comprometer la integridad física de personas, no podemos estar de ninguna forma conformes. Aquí quedó bien claro que fallaron los controles, y fracasaron los mecanismos de identificación de los responsables de los hechos ocurridos frente a decenas de miles de personas.

Desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de enfrentar con firmeza esta realidad. El deporte tiene que volver a ser un espacio de encuentro, de alegría, de pertenencia sana. No un campo de batalla. Y para eso se necesitan decisiones políticas, y una acción firme desde el Estado.

A nosotros nos toca trabajar en lo legislativo y por eso presentamos un proyecto de ley que busca prevenir y sancionar las conductas violentas y discriminatorias en el deporte. Esta discusión no es nueva: ya que la planteamos la legislatura pasada, pero no avanzó por la oposición de algunos. Hoy creemos que esa negativa no puede seguir pesando más que la necesidad de garantizar la seguridad de todos.

El proyecto incorpora ajustes que apuntan a individualizar responsabilidades, porque no se trata de castigar a las instituciones, sino de identificar y sancionar a quienes delinquen. Lo que se pretende es primero la prevención de estas inconductas y, en segundo lugar, el castigo con diversas sanciones (dependiendo de su gravedad). Estas van desde las económicas, hasta la realización de trabajos comunitarios en instituciones deportivas para las personas responsables de las mismas. Entendemos que quienes cometan cualquier tipo de delito penal deberán tener sanciones más duras que las previstas en el ordenamiento jurídico cuando estos sean cometidos en espectáculos deportivos.

Por ello el proyecto procura que haya mayores controles y una colaboración más activa en la localización e identificación de los autores de las conductas prohibidas por la ley. Entendemos que estas tareas deben ser efectuadas por la policía. Consideramos que la única forma de terminar con estas situaciones es que los delincuentes no ingresen más a los estadios.

Además, se proponen medidas concretas para poner un freno a los actos de odio, al racismo y la xenofobia, que están creciendo de forma alarmante. Ya no son hechos aislados: los cánticos ofensivos, las expresiones discriminatorias, las provocaciones violentas se repiten cada vez con mayor frecuencia. Y en una sociedad que pretende ser civilizada y pacífica como la nuestra, no se pueden tolerar estas inconductas.

Es ahora, la mesa está servida, los clubes están pidiendo ayuda. Acá está la mano tendida del Parlamento. Es el momento de que el Ejecutivo entienda que es imprescindible la presencia policial en los estadios (tanto afuera como adentro) ya que, si eso no se da, nada cambiará. Es imposible obtener resultados distintos haciendo lo mismo.

La violencia y el odio no pueden seguir teniendo palco preferencial en nuestras canchas. Hay que enfrentarlos con decisión, con leyes, con presencia estatal, pero también con un mensaje claro: en Uruguay, no hay lugar para el racismo, la xenofobia ni la violencia.