Opinión | Reducción de la jornada, ¿quién paga?

Escribe Daniel Pérez

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Daniel Pérez

Daniel Pérez es sociólogo, dirigente del Partido Independiente y especialista en políticas de empleo y relaciones laborales. Fue director nacional de Empleo y viceministro de Trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño de políticas públicas, inclusión social y análisis del mercado laboral.

La columna anterior terminó con una pregunta, quién paga el costo de las horas que se dejan de trabajar cuando se reduce la jornada. Es la más incómoda y también la que más se evita, porque obliga a aceptar que reducir la jornada no sale “gratis”. Detrás de la cordillera hay una pista de la respuesta.

El Banco Central de Chile, en su informe de política monetaria de setiembre del año pasado, señaló que el aumento del salario mínimo y la ley de cuarenta horas explican buena parte de la suba de los costos laborales y afectaron el empleo formal. Es necesario leer el dato con cuidado, porque el mismo informe mezcla dos medidas distintas y el propio gobierno chileno relativizó la fuerza de esa conclusión. Pero aun con esa precaución, es preciso prestar atención a la advertencia, sobre todo porque proviene de una institución a la que nadie puede acusar de militar contra los trabajadores/as.

El caso chileno no demuestra que reducir la jornada sea imposible. Demuestra algo que debemos tener en cuenta en el debate que se está procesando en nuestro país, reducir la jornada laboral sin que la productividad acompañe tiene costos. El error más común es imaginar que ese costo lo absorben las ganancias empresariales. A veces ocurre, pero cuando no, el costo se traslada: a los precios, que termina pagando el consumidor y alimenta la inflación, o más grave aún, al empleo, que se traduce en menos contrataciones, plantillas más chicas o trabajo “en negro”. La pregunta, entonces, no es sólo cuánto cuesta, es quién termina pagando.

Y ahí aparece la primera desigualdad. Una gran empresa, con espalda financiera y margen para reorganizarse, puede absorber una reducción que a un pequeño comercio o a un emprendimiento familiar lo deja contra las cuerdas. Aplicar la misma regla a realidades tan distintas no iguala, castiga al más débil. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más gente emplean en el país —casi 67% del empleo privado—, son también las que menos espalda tienen para amortiguar el golpe, de modo que una reducción pareja y de un día para el otro corre el riesgo que, una vez más, paguen “los de siempre”.

El punto se vuelve más crítico en las actividades donde el trabajo es, en sí mismo, el servicio, y la productividad poco puede compensar. La enfermería es un buen ejemplo, un sector muy feminizado y con un altísimo nivel de multiempleo, donde más de un tercio del personal tiene más de un trabajo; su jornada, más corta desde hace años, no se tradujo en mejor calidad de vida, el sueldo obligó a muchas a buscar un segundo empleo, una advertencia de lo que ocurre cuando se acorta el tiempo de trabajo sin mirar lo que se gana por hora. El turismo ofrece otra variante del mismo problema, porque es intensivo en mano de obra, compite con la región y vive de una temporada corta, así que un tope rígido de horas se traslada al precio o al tamaño de la plantilla, en un rubro donde el turista, si el destino se encarece, sencillamente elige otro. Es cierto que estos son los sectores que más necesitan mejores condiciones de trabajo, pero son también donde una reducción mal calibrada puede terminar volviéndose en contra.

Esto no quiere decir que no deba avanzarse hacia la reducción de la jornada laboral, sólo que es necesario hacerlo bien, para evitar efectos secundarios contraproducentes. Conocer los costos es, en realidad, la única manera de repartirlos con justicia y de evitar que los terminen pagando los que menos pueden, las mujeres de los cuidados, los trabajadores informales, las pequeñas empresas. Reducir en serio requiere conocer exactamente cuánto cuesta, quién lo absorbe y con qué se lo acompaña. Y eso nos lleva, directamente, a la última pregunta, la del instrumento, si un cambio semejante debe imponerse por ley, igual para todos, o construirse paso a paso, sector por sector.