Opinión | Rediseño institucional de ciencia, tecnología e innovación

El Ministerio de Educación y Cultura comenzó un ciclo de talleres para analizar los resultados de cuatro consultorías efectuadas en torno a la realidad de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país.

Las consultorías fueron sobre la normativa vigente, la caracterización de actores y sus capacidades, la evaluación de los instrumentos de promoción y los principios generales para un nuevo diseño institucional.

La iniciativa es pertinente y saludable, porque los deseados avances en el bienestar de la población están fuertemente vinculados al desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Las proyecciones presentadas por el gobierno en el marco de la discusión de la reforma de la seguridad social plantean un escenario de desaceleración de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el largo plazo. Como también decrecerá la población, estaremos más o menos igual en términos de PIB per cápita (que es el indicador relevante, combinado con distribución, para medir el grado de bienestar). Mejorar estos indicadores depende, en buena medida, de cómo nos vaya en CTI.

La política de CTI no puede definirse por sí y ante sí, sino que está inevitablemente asociada a un modelo de desarrollo deseado. No obstante, demos por buenos algunos objetivos generales: aumento del bienestar de la población que tenga en consideración el bienestar de las generaciones futuras, persiga mayores niveles de equidad y esté muy atentos al cuidado ambiental, no ya mitigando el impacto de las actividades productivas sino procurando generar más naturaleza de la que destruyen.

La situación actual en materia de CTI en el Uruguay, desde la perspectiva de su aporte al desarrollo, está signada por una muy baja inversión y la casi inexistencia de investigación fuera del ámbito académico.

Las empresas se las arreglan, para sobrevivir en el caso de las privadas y cumplir con sus cometidos en las públicas, sin demandar altos niveles de investigación o innovación nacionales. Esto se debe a que sus requerimientos son poco sofisticados y, o bien los resuelven internamente o bien los obtienen del exterior. En particular, las empresas públicas deben repensar su relacionamiento con el sistema innovador y en relación a las privadas debemos evaluar las condiciones de contexto que deberían modificarse para incrementar su apuesta a la innovación.

Es imprescindible lograr que el éxito de las empresas uruguayas se base en mayor medida en conocimiento, lo que implica generar conocimiento para resolver problemas. También supone modelos de negocio que hagan viable que las empresas inviertan en innovación.

En ese marco, la primera de las consultorías referidas vuelve a diagnosticar serios problemas en las normas que regulan estas actividades. Problemas por diferentes inserciones institucionales, por dispersión y divergencia de la normativa, por exceso de organismos de asesoramiento, por superposición de competencias. Se necesita modificar y simplificar normas para que las decisiones políticas se lleven adelante. Pero donde tenemos mayores problemas es, justamente, en las decisiones políticas. Las experiencias de los gabinetes integrados por las máximas jerarquías (Gabinete Ministerial de la Innovación, Gabinete del Sistema de Transformación Productiva y Competitividad) no tuvieron continuidad y —por tanto— no lograron liderar las políticas en CTI. En los hechos, las políticas se han definido en los niveles ejecutivos, un claro ejemplo de esto son los fondos sectoriales que cuentan con participación del gobierno, los entes públicos involucrados y la academia.

Esta falta de definiciones estratégicas que puedan traducirse en acciones concretas genera problemas evidentes. Un ejemplo elocuente es cuanto ocurre en materia de salud. Invertimos aproximadamente un 10% del PIB con resultados que no dan cuenta de esa asignación de recursos. No tenemos una agencia que investigue sobre el tema. El Ministerio de Salud Pública, con competencias evidentemente diferentes, se transforma en una traba a la investigación clínica y epidemiológica. De esa manera la habilitación de productos es un dolor de cabeza para las empresas.

La carne sintética y la carne vegetal obtienen proporciones crecientes de mercado en el mundo, pero nos limitamos a mejorar la producción de carne a pasto o feedlot (lo que está muy bien) pero desaprovechamos la oportunidad de convertirnos en un productor de proteínas de referencia en cualquiera de las modalidades posibles. Tenemos un profundo conocimiento en algunas industrias, pero no lo exportamos, en una dinámica análoga a la que desarrolla Finlandia con la producción de celulosa. Todas expresiones concretas y preocupantes de la ausencia de una definición estratégica a largo plazo.

La propiedad intelectual es un debe insoslayable que compromete cualquier modelo de innovación que se defina. Tenemos enormes debilidades por falta de capacitación, por debilidad institucional, por indefinición respecto a nuestra participación en el sistema internacional de patentes.

Más que definir el mundo ideal, necesitamos implementar cambios posibles que nos vayan permitiendo avanzar, con prisa y sin pausa.

Necesitamos instituciones flexibles capaces de adaptarse a los cambios y el modelo de agencias ha demostrado fortalezas en ese sentido (ANII funciona, Ceibal funciona, LATU, AGESIC o Pasteur funcionan y hay más). En ese marco, lo más viable parece ser fortalecer las instituciones existentes (ANII, DNPI, Pasteur, LATU, Ceibal). Cada vez que se asignan recursos para innovación en la Rendición de Cuentas, para ser administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, se está transitando un camino que las debilita.

Parece razonable redistribuir todo lo que tiene que ver con CTI y hoy está en el MEC (Clubes de ciencias a Ceibal, el rol de la DICYT a la ANII, IIBCE a una institución con el modelo del Pasteur, DILAVE a otra con el modelo del LATU)

Con el mismo criterio, también parece sensato sacar todo lo regulatorio del MSP y crear una agencia, al estilo de la FDA, la agencia europea o la de Brasil.

Es necesario trascender el debate en términos de gobernanza, institucionalidad y dar pasos más allá. Ello implica tomar definiciones explícitas como, por ejemplo, impulsar, vía ANII, la innovación abierta, tanto en el Estado como en el sector privado.

Consolidar estos cambios supone, además del rediseño institucional (objetivo de este proceso emprendido por el MEC) un esfuerzo presupuestal que lo haga viable.

Confiamos en que el proceso en marcha contribuya a arribar a conclusiones importantes y con amplio apoyo, que deberán generar acciones a nivel del Poder Ejecutivo, del Parlamento, de las agencias públicas, de la academia y de las empresas. Con esa confianza participamos del primer seminario y lo seguiremos haciendo, buscando los consensos posibles que permitan diseñar e implementar políticas en CTI, paso imprescindible para consolidar cualquier modelo de desarrollo.