Opinión | Que pague más quien gana menos: lo que no se dice de la Caja de Profesionales

Por Soledad González Bica.

Desde hace un año y medio como trabajadora y profesional de la ciencia política que tiene la obligación de aportar a la Caja de Profesionales, al no entender su funcionamiento ni los derechos que contempla, me puse a estudiar el tema. Para quienes no saben, todos los egresados profesionales estamos obligados a aportar para nuestra seguridad social a la Caja de Profesionales para que luego de 30 años de aportes ininterrumpidos te puedas jubilar. Esta Caja se creó en otro Uruguay, con un número mucho menor de profesiones que la actual y con un número muchísimo menor de profesionales en relación a la población.

Los y las egresados universitarios que no somos dependientes tenemos que aportar a la Caja de Profesionales, tengamos o no trabajo, para tener derecho a una jubilación (los que son dependientes aportan al BPS y si quieren además a la Caja, pero no están obligados). Se aportan montos fijos, establecidos en categorías no importando lo que facturaste en el mes. Aporta lo mismo alguien que trabaja de consultorías esporádicas o es un trabajador dependiente encubierto en un ministerio, facturando $80.000 por mes que un profesional liberal que factura $400.000 por mes.

Pero no solo tenemos esta “particular” forma de financiarnos la pasividad sino que la tenemos como condición para acceder al trabajo, algo que tiene demasiada pinta de ser inconstitucional, ya que el derecho al trabajo es un derecho humano y está garantizado en la Constitución. Y para acceder a él no habría que pagar nada a priori, sí a posterior como sucede a quienes aportan al BPS.

En medio del debate por la falta de recursos económicos de la Caja de Profesionales para enfrentar el pago de jubilaciones en el mes de julio próximo, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de ley que solo atiende este problema económico. El proyecto aumenta los aportes por franjas fijas para activos, también agrega un impuesto a los pasivos, modifica el subsidio por maternidad e incapacidad temporal, pero no atiende ninguno de los problemas que señalé anteriormente.

Los aportes fictos son una injusticia para quienes viven en el interior del país y reciben menor salario que en la capital, o para las mujeres que accedemos a trabajos con un 25% menos de salario. Los aportes fictos son una injusticia para las y los profesionales que tenemos profesiones donde el ingreso medio es inferior a $100.000, es decir, profesiones muy diferentes a las de los médicos anestesistas y cirujanos, o profesiones muy diferentes a las de los contadores y economistas que trabajan asesorando a grandes empresas e inversores.

Pero no solo estos otros profesionales de menores ingresos (ante todo trabajadores) padecemos estas injusticias en forma individual; la sociedad uruguaya las padece en su conjunto. La sociedad uruguaya que con enorme esfuerzo sostiene universidades públicas y subsidia privadas para tener más y mejores trabajadores en el país, por medio de la Caja de Profesionales nos pone una tapa de hormigón armado. Dos tercios de los recién egresados universitarios no aportan a la Caja: ¿qué pasa con ellos? ¿no trabajan de lo que estudiaron? ¿lo hacen informalmente? ¿precariamente?

Parece un sinsentido que un país que crea una Secretaría de Ciencia e Innovación dependiente de la Presidencia de la República, donde especialistas en educación y políticos de los más variados hablan de la importancia de elevar la formación de los y las trabajadores uruguayos para el desarrollo del país, le corten las patas a esos mismos trabajadores profesionales por la vía de la Caja de Profesionales. Repensar todo este sistema, sus posibles caminos, variados, diversos, justos, garantes de derechos no se puede hacer en dos meses. Votar de apuro porque no hay dinero para pasividades poniendo de excusa el tiempo, no es de recibo.

El Parlamento y el gobierno tienen las herramientas para que este enorme problema sea atendido con los tiempos que requiere. El Parlamento puede votar una ley para una solución inmediata mientras sigue estudiando el tema y buscando soluciones verdaderamente justas y socialmente potenciadoras del capital humano con el que Uruguay cuenta.

¿Será que el Frente escucha? Ojalá que sepan cumplir.