Opinión | Prometer universalidad y entregar recortes: ¿alcanza con transferir dinero?

Un bono escolar de 2.500 pesos fue anunciado como universal por el entonces candidato Yamandú Orsi, en su programa de gobierno y en el debate rumbo al ballotage en noviembre del 2024. Fue una señal clara a las familias. Un alivio al inicio de clases. Una promesa concreta de campaña.

Hoy sabemos que aproximadamente 130.000 de los más de 310.000 alumnos de Primaria quedarán afuera por problemas de gestión presupuestal, según informó El Observador. A su vez, este dato no tiene en cuenta la también fallida promesa política de otorgar el bono a los casi 100.000 niños participantes del programa CAIF, bajo la órbita del INAU.

No es un detalle administrativo. Es un problema político.

Cuando un gobierno promete universalidad y luego ajusta por presupuesto, no solo corrige una planilla. Genera expectativas en miles de hogares que organizan su economía contando con ese ingreso. Para muchas familias, 2.500 pesos no son un símbolo: son útiles, túnica, transporte, mochila. Son parte del cálculo vital del mes.

La política educativa no puede manejarse como una preventa que después se redefine en silencio. Hay gente que dice que 2025 fue bueno para el gobierno porque aprobó el Presupuesto, y en diciembre cambiaron cosas, ahora esto.

Sin embargo, hay algo más profundo que el incumplimiento. Porque el debate no es únicamente si el bono llega a todos o no. La pregunta de fondo es otra: ¿alcanza con transferir dinero para mejorar la educación?

La evidencia internacional sobre transferencias monetarias, incluso sin contraprestación, es bastante consistente en un punto: ayudan a mejorar matrícula y asistencia. Es decir, reducen barreras económicas y aumentan la probabilidad de que los estudiantes estén en la escuela. En contextos vulnerables, eso importa.

Sin embargo, los efectos sobre el aprendizaje son mucho más modestos si no existen reformas simultáneas en la calidad educativa. El dinero puede facilitar el acceso, pero no sustituye la enseñanza. No reemplaza la formación docente. No mejora automáticamente los resultados en lectura o matemática. No corrige un sistema que perdió foco. Este es el punto técnico que no puede perderse en la discusión coyuntural.

Si el bono escolar fue concebido como una herramienta aislada, estamos ante una política incompleta. Si fue concebido como gesto político de alto impacto comunicacional, el problema es mayor: se instaló la idea de que la transformación educativa se logra con transferencias económicas puntuales.

Uruguay enfrenta desafíos estructurales: alto abandono en educación media, resultados insatisfactorios en evaluaciones, brechas persistentes. Ninguno de esos problemas se resuelve exclusivamente con una transferencia monetaria. Puede ser parte del menú, pero no es el plato principal.

Las políticas públicas serias combinan apoyo a la demanda, cuando es necesario, con fortalecimiento de la oferta educativa: liderazgo institucional, metas claras, evaluación, rendición de cuentas, inversión en calidad. Sin esa ingeniería, las transferencias corren el riesgo de transformarse en paliativos políticamente atractivos y técnicamente insuficientes.

Aquí aparece la dimensión más preocupante: cuando la educación se convierte en herramienta electoral, el diseño pierde prioridad frente al anuncio. Y cuando el anuncio no se sostiene en capacidad fiscal real, el costo lo pagan las familias y la credibilidad pública.

No se trata de negar la utilidad de apoyar económicamente a los hogares. Se trata de no simplificar la política educativa a una transferencia.

Por eso el debate que viene es más relevante que la polémica puntual. Uruguay necesita discutir con datos en la mano qué impacto real tienen las transferencias monetarias sin contraprestación sobre resultados educativos. ¿En qué contextos funcionan mejor? ¿Qué diferencias hay entre programas condicionados e incondicionados? ¿Qué efectos tienen sobre permanencia, sobre trayectorias largas, sobre aprendizaje efectivo?

Ese análisis exige menos consigna y más evidencia.

Menos marketing y más diseño. Porque si algo no puede seguir funcionando a crédito en Uruguay es la educación.