Opinión | Prohibir no es educar: ¿qué hacer con los celulares en clase?

Después de instalado el diagnóstico, los celulares generan problemas en el aula, aparece la pregunta que realmente importa: ¿qué hacemos con eso?

La respuesta más extendida, a nivel internacional, viene siendo la prohibición. En Europa, algunas jurisdicciones de Estados Unidos, otras de América Latina, el camino parece claro: sacar el teléfono del aula para recuperar la atención.

Es una respuesta comprensible. Pero no necesariamente es una buena política educativa, porque el problema no es el dispositivo en sí, sino la incapacidad del sistema educativo para integrarlo en una lógica pedagógica. Y ahí es donde prohibir empieza a parecer menos una solución y más un síntoma. Un síntoma que la escuela viene corriendo de atrás.

La evidencia reciente va en esa línea. Varios estudios publicados en el último año coinciden en que las restricciones pueden mejorar ciertos aspectos del clima de aula en el corto plazo, pero tienen efectos limitados, o inconsistentes, sobre el aprendizaje. Más aún: cuando no están acompañadas por estrategias pedagógicas, tienden a generar cumplimiento superficial y desplazamiento del uso.

Es decir, los estudiantes no necesariamente usan menos el celular. Simplemente lo usan en otro momento, probablemente en sus hogares exponiendo los posibles efectos a las distintas herramientas y posibilidades que tengan las familias.

En Uruguay, además, hay una particularidad que hace aún más evidente esta tensión. Durante años, el sistema educativo apostó, con razón, a la inclusión digital. Ceibal no solo distribuyó dispositivos: instaló una narrativa de tecnología como herramienta de democratización.

El giro hacia la prohibición, sin una discusión pedagógica de fondo, puede leerse como una contradicción no resuelta.

Pasamos de promover el acceso a limitar el uso.

Y en el medio, falta algo clave: enseñar a usar. Esto no significa caer en la ingenuidad de pensar que el celular es, por sí solo, una herramienta educativa. No lo es. De hecho, en la mayoría de los casos, es una fuente de distracción potente.Pero justamente por eso, el desafío es pedagógico.

¿Qué significa esto en términos concretos?

Primero, asumir que no todas las edades requieren el mismo enfoque. En educación primaria, especialmente en los primeros años, puede tener sentido establecer restricciones fuertes, incluso cercanas a la prohibición. No por una cuestión moral, sino por desarrollo cognitivo.

Pero en educación media, el escenario cambia. Ahí el objetivo no debería ser eliminar el dispositivo, sino regular su uso con criterios claros. Esto implica reglas explícitas en el aula, momentos definidos de utilización y, sobre todo, coherencia institucional.

No puede depender exclusivamente de cada docente. Esa solución sería cortar por el hilo más fino. Además de que no todos los docentes declaran poseer suficientes competencias tecnológicas para utilizar en el aula.

Segundo, avanzar hacia acuerdos pedagógicos sofisticados. Algunos sistemas han empezado a trabajar con lo que se conoce como “contratos de uso”: reglas construidas y compartidas con los estudiantes, donde se establecen condiciones, responsabilidades y consecuencias.

En varios sistemas educativos que han avanzado más allá de la lógica puramente prohibitiva, comienzan a aparecer instrumentos de corresponsabilidad que vale la pena observar. En provincias como Ontario (Canadá) y en numerosos distritos de Estados Unidos, las escuelas implementan “acuerdos de uso aceptable” firmados por estudiantes y familias al inicio del año, donde se establecen reglas claras sobre cuándo y cómo usar dispositivos, así como las consecuencias de su mal uso. En Finlandia, aunque sin formalización contractual estricta, muchas escuelas trabajan con acuerdos pedagógicos de aula co-construidos con los estudiantes, integrando el uso del celular como parte del aprendizaje de la autonomía y la convivencia digital.

Estos enfoques no eliminan la regulación, pero la desplazan hacia un terreno más exigente: el de educar en el uso responsable y compartir la responsabilidad con las familias. El estudiante deja de ser solo objeto de control y pasa a ser parte del proceso en temas fundamentales de su desarrollo.

Tercero, incorporar el problema como contenido educativo. El uso del celular, y más ampliamente, de las pantallas, debería formar parte de las competencias que la escuela enseña: atención, gestión del tiempo, consumo crítico de información.

Hoy eso está ausente, a pesar de grandes esfuerzos llevados adelante por Ceibal y los últimos cambios curriculares en nuestra educación. Hoy las señales desde el gobierno van en sentido contrario. No priorizar la adquisición de competencias digitales a los nuevos docentes y estudiantes.

Y sin embargo, es central para la vida cotidiana.

Finalmente, hay un punto incómodo pero necesario: la autoridad pedagógica.

En muchos casos, el celular no genera el problema, sino que lo expone. Donde hay debilidad en la conducción del aula, el dispositivo amplifica esa fragilidad. Donde hay claridad y liderazgo, el impacto es menor. Por eso, cualquier política que se limite a regular el objeto sin fortalecer al docente está incompleta.

La discusión sobre los celulares no es, en el fondo, una discusión tecnológica. Es una discusión sobre el tipo de escuela que queremos. Una escuela que controla o una escuela que forma. Una escuela que evita los problemas o una que los trabaja.

Entre la permisividad total y la prohibición absoluta hay un espacio más exigente, menos visible y mucho más incómodo: el de educar en contextos complejos. Ahí es donde se juega la diferencia.