Opinión | ¿Por qué Uruguay no puede avanzar hacia los 200 días de clase reales por año?

La discusión educativa uruguaya tiene una extraña facilidad para enamorarse de los relatos y olvidarse de las horas reales. En los últimos años, el debate sobre “más tiempo pedagógico” se instaló con mucha fuerza. Escuelas de tiempo completo, jornadas extendidas, tutorías, acompañamiento, más actividades, más permanencia. El planteo va en la dirección correcta. Además, parece existir un amplio consenso político.

Pero hay una contradicción que debería volverse evidente: ¿cómo se pretende aumentar el tiempo pedagógico mientras se mantiene prácticamente intacta la cantidad efectiva de días de clase?

Uruguay aceptó como natural un calendario escolar interrumpido, fragmentado y con escasa exigencia respecto al cumplimiento efectivo de los días lectivos. Y el problema no es solo normativo. Es cultural, político y hasta simbólico.

Mientras otros sistemas educativos discuten cómo recuperar aprendizajes perdidos tras la pandemia, aquí seguimos teniendo dificultades para asumir algo bastante básico: aprender requiere horas.

Un estudio elaborado por Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2022 sobre el tiempo escolar en Uruguay advirtió esta situación. El documento señala que el país tiene una carga horaria anual relativamente baja en comparación internacional, unas 23-24 horas semanales en promedio, comparado con las 28-29 en el promedio de los países de la OCDE. Además, existen importantes diferencias entre el tiempo formalmente previsto y el tiempo efectivamente aprovechado dentro de las aulas.

El problema, por tanto, no es solamente cuántas horas dice el calendario, sino cuánto tiempo real de enseñanza reciben efectivamente los estudiantes.

Hace algunas semanas, desde el sistema político surgió una propuesta para aumentar a 200 los días de clase anuales. La idea generó debate inmediato. Algunos sectores reaccionaron como si se tratara de una agresión cultural antes que de una discusión educativa seria.

Sin embargo, la pregunta de fondo continúa: ¿por qué Uruguay considera razonable tener menos días efectivos de clase que muchos países que obtienen mejores resultados educativos?

La paradoja es todavía más llamativa porque el mismo sistema educativo reconoce permanentemente problemas de aprendizaje, desvinculación, rezago y pérdida de continuidad pedagógica. Es difícil imaginar mejoras sustantivas si el tiempo real de aprendizaje permanece estancado.

Y aquí aparece un contraste interesante con lo ocurrido recientemente en México.

Hace pocos días, el gobierno mexicano anunció que adelantaría el cierre del año lectivo por el Mundial de fútbol de 2026 y por las olas de calor. La medida implicaba recortar alrededor de 15% del calendario escolar. La reacción social fue inmediata: familias, especialistas y organizaciones educativas criticaron duramente la decisión. El gobierno terminó retrocediendo parcialmente.

El episodio dejó una discusión relevante para toda América Latina: cuando los sistemas educativos tienen dificultades de aprendizaje acumuladas, reducir el tiempo escolar es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse.

México tiene hoy aproximadamente 190 días oficiales de clase al año. Uruguay, dependiendo del subsistema y de las interrupciones efectivas, suele ubicarse bastante por debajo en términos reales. El promedio de los últimos años ronda entre los 150-160 días presenciales. Y eso ocurre pese a que Uruguay posee mejores condiciones institucionales, menor escala y mayores capacidades administrativas relativas.

La diferencia no es menor. La evidencia internacional es bastante consistente en un punto: los estudiantes más vulnerables son quienes más dependen del tiempo escolar. Los hogares con más capital educativo compensan. Los demás no.

Por eso, cuando se pierden días de clase, no todos pierden igual.

Además, existe otro problema del que se habla poco: la enorme fragmentación del año educativo. Entre paros, asambleas administrativas, ausencias docentes, suspensiones, actividades especiales y extensos períodos de vacaciones, el calendario termina pareciéndose más a una sucesión de interrupciones que a un proceso continuo de aprendizaje.

Naturalmente, aumentar días de clase no resuelve por sí solo los problemas educativos. La calidad importa. La formación docente importa. La gestión importa. El clima educativo importa.

Pero el tiempo también importa.

Y resulta llamativo que parte del sistema político y sindical acepte discutir cualquier reforma, nuevos programas, nuevas metodologías, nuevas estructuras, pero no se debate en profundidad la posibilidad de aumentar significativamente el tiempo efectivo de enseñanza.

En Uruguay necesitamos sincerar esta conversación.

Si realmente creemos que la educación es una prioridad nacional, entonces el país debería avanzar gradualmente hacia un esquema de 200 días reales de clase efectiva, especialmente en la educación obligatoria, de cuatro años en adelante.

Reales significa reales. No escritos en un calendario que luego se diluye entre excepciones permanentes.

Eso implica revisar el calendario educativo, generar acuerdos con los funcionarios que sean sólidos, reducir interrupciones evitables y construir una cultura donde el tiempo escolar sea efectivamente protegido.

Porque no hay innovación pedagógica capaz de compensar la falta de continuidad.

Y porque, al final, la pregunta es bastante simple: si decimos que queremos más aprendizaje, ¿por qué seguimos aceptando menos escuela?