Opinión | Pantallas, niñez y poder: la lección europea que Latinoamérica no puede ignorar

Escribe Ángel Arellano

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Por Ángel Arellano*

Imaginemos una cena cualquiera en Montevideo, Bogotá o Ciudad de México. La familia está reunida, la comida se enfría y cada rostro queda iluminado por una pantalla. Nadie discute. Simplemente, nadie está. Esa escena, que ya casi no sorprende, acaba de recibir un diagnóstico serio desde el otro lado del Atlántico, y la política latinoamericana haría bien en leerlo con atención.

El Comité de Bioética de España y el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida de Portugal aprobaron un informe conjunto sobre el impacto del uso excesivo de las tecnologías digitales en la salud de la infancia y la adolescencia. No es un panfleto moralista ni una cruzada contra los celulares. Más que reforzar el pesimismo, presenta una oportunidad para el mundo político, educativo y familiar.

El texto, publicado en febrero de 2026, parte de una idea incómoda: la tecnología ya no es algo externo a la vida de los niños, sino un entorno que puede ayudar o dañar según esté bien o mal diseñado y regulado.

La evidencia que reúnen es contundente. Básicamente, los usos excesivos y sin supervisión se asocian de forma consistente con ansiedad, síntomas depresivos, trastornos del sueño, dolor muscular y dificultades de atención. En los más pequeños aparecen problemas de lenguaje. Y hay un dato que debería hacernos mirar el espejo: el uso que los propios adultos hacen del teléfono tampoco es neutral cuando le roba atención a la conversación con un hijo. Ambos comités hablan de un vínculo que se debilita. Cualquiera que haya visto a un bebé buscando la mirada de un padre absorto en su móvil entiende el punto.

Más allá de prohibir

Ahora viene lo interesante: uno esperaría de un documento así un llamado a prohibir. Sin embargo, el papel advierte que no hay base sólida para imponer límites rígidos y uniformes centrados solo en minutos de pantalla, porque lo que importa es el cómo, el cuándo y el con quién. Dice el informe que la respuesta ética no pasa por demonizar la tecnología ni por aceptarla sin crítica. Sobre la prohibición total de redes sociales, como la que Australia aplica a menores de 16 años desde diciembre de 2025, recuerdan que puede eludirse fácilmente y que no resuelve las causas estructurales del problema. ¿Por qué? Caer en esa simplificación artificial condena las políticas al fracaso.

¿Qué proponen entonces? Aquí aparece el músculo regulatorio para construir certidumbre: piden una Ley de Salud Digital para Menores que limite el desplazamiento infinito, la reproducción automática, los “me gusta” visibles y la gamificación pensada para retener usuarios, al menos hasta los 16 años. Para los interesados en explorar a fondo este tema, el libro Generación Ansiosa de Jonathan Haidt (2024) trae muchas respuestas al respecto. Piden vedar hasta los 18 años contenidos violentos, pornografía y juegos de azar, prohibir la publicidad dirigida a menores y clasificar las aplicaciones según su riesgo, como ya ocurre con los videojuegos. En el fondo, el mensaje es político antes que clínico: el problema no es solo cuánto mira un niño, sino quién diseñó aquello que mira y con qué incentivos.

Ese es el punto donde el debate europeo toca de lleno a nuestra región. Los comités reconocen que el contexto actual está condicionado por las decisiones de las grandes empresas tecnológicas y que la gobernanza digital debe ponerles límites.

Gigantes globales, respuestas locales

Pero regular a plataformas globales exige capacidad estatal, y la tienen mejor los bloques grandes que los países medianos y pequeños. Europa discute con el peso de una unión de Estados. América Latina, en cambio, suele llegar fragmentada a la mesa. Es lectura mía, no del informe, pero enfrentar a gigantes sin coordinación regional parece difícil, por no decir inútil.

Hay otra enseñanza que el aporte español y portugués resume con una frase sencilla: la carga de la prevención no puede recaer en una sola entidad responsable. Reparte deberes entre el Estado, las empresas, el sistema de salud, la sociedad civil, la escuela, la familia y los propios jóvenes. Es una advertencia contra una trampa muy conocida, la de convertir un problema colectivo en una culpa individual de madres y padres. En países donde millones de hogares dependen de jornadas laborales extensas, pedir mediación parental sin políticas públicas que la acompañen es una forma elegante de mirar hacia otro lado. Por eso resultan sugerentes propuestas como los centros locales de alfabetización digital familiar en bibliotecas, escuelas y centros de salud, o una aplicación pública y gratuita de bienestar digital familiar.

También conviene leer la letra chica con honestidad, toda vez que los datos comparados entre Portugal y España que usa el informe provienen de la encuesta EU Kids Online, cuyo trabajo de campo terminó en 2019, como admiten los propios autores. Aun así, dejan una pista valiosa: Portugal muestra más mediación parental y menos experiencias negativas en línea, mientras España exhibe más tiempo conectado y más incidentes.

Medir antes de copiar

Y lo más importante para nosotros: no hay una sola cifra latinoamericana. Antes de copiar leyes, necesitamos nuestras propias mediciones, con estudios sostenidos en el tiempo, y un abordaje político en los espacios correspondientes.

Una buena noticia en Uruguay es que el Parlamento concretó por estos días la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Bioética, creada por la Ley 20.391. La protección de la infancia en el entorno digital debería estar entre los primeros temas de su agenda, toda vez que Diputados impulsó una Consulta Pública Nacional para tener insumos con los que evaluar la posibilidad de regular los entornos digitales en niños y adolescentes.

El desafío de fondo es de economía política, porque prohibir es espectacular y rinde en titulares. Construir instituciones, formar docentes, auditar algoritmos y sostener campañas públicas es lento, caro y poco fotogénico. Los comités eligen la segunda vía, guiados por un criterio que merece repetirse en nuestros parlamentos: el interés superior del menor. Su meta no es una infancia digital, sino una infancia y adolescencia cuidadas y educadas.

La próxima vez que la mesa familiar se llene de pantallas encendidas, quizá valga la pena recordar que no estamos ante un asunto de buenos modales, sino ante una decisión pública pendiente.

* Ángel Arellano es doctor en Ciencia Política. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay y presidente de la Cámara Venezolano-Uruguaya.