Opinión | OSE no puede recaudar a costa de quienes no llegan a fin de mes

En la última sesión del Senado planteamos una preocupación concreta que atraviesa a miles de hogares uruguayos: el acceso al agua potable y las condiciones en que la OSE aplica el corte del servicio por morosidad.

En Uruguay, cuando una familia no puede pagar dos facturas consecutivas, se expone a quedarse sin agua. No hablamos de un servicio cualquiera: hablamos de un bien básico para la vida cotidiana. A esa situación se le suma un problema adicional. Además de cortar el suministro, la OSE cobra una Unidad Reajustable por el corte y otra por la reconexión. En términos actuales, son casi 4.000 pesos que se agregan a la deuda original (a la fecha de hoy el valor de la UR es de $1.838,64).

Esto significa que una familia que no llegó a pagar, probablemente por dificultades económicas, termina acumulando una deuda aún mayor. Se penaliza tres veces al mismo usuario: se le corta el agua, se le cobra por ese corte y luego por volver a conectarlo. Lo que pretendía ser un mecanismo de orden financiero se convierte en una forma de exclusión y un castigo desmesurado.

La pregunta que llevamos al Parlamento fue sencilla: ¿qué sentido tiene castigar más a quien ya no puede pagar? El acceso al agua es un derecho humano reconocido internacionalmente y ratificado por Uruguay. Si una política pública produce el efecto contrario —si restringe ese derecho en lugar de garantizarlo—, es necesario revisarla.

Defendemos a las empresas públicas, y en particular a OSE, como herramienta del Estado para asegurar servicios esenciales. Pero defenderlas implica también cuestionarlas cuando se alejan de su función social. No se trata de poner en duda su necesidad de recaudar, ni el costo operativo que naturalmente tiene, sino de discutir los criterios que se manejan.

OSE necesita recursos para invertir, mantener su infraestructura y mejorar el servicio. Nadie discute esto. El problema surge cuando la lógica de la cobranza prevalece sobre la lógica del derecho. Cuando la prioridad es la recaudación y no el acceso. OSE no puede recaudar a costa de las familias que no llegan a fin de mes. Todavía son muchos los uruguayos y uruguayas que viven con ingresos inferiores a los 25.000 pesos, y si bien nuestro gobierno mantiene un compromiso firme con el bienestar de esos sectores, esa realidad todavía existe y debe ser tenida en cuenta.

Por eso propusimos en el Senado revisar este mecanismo. En primer lugar, eliminar el cobro por corte del servicio. En segundo, revisar el valor de la tarifa de reconexión. El Estado debe garantizar que ninguna familia quede sin agua por razones de ingreso. En un país con larga tradición de gestión pública, no puede ser normal que quien no puede pagar dos facturas quede sin servicio y con una deuda mayor. Es un sistema que agrava la situación de los sectores más vulnerables, y que no contribuye a la sustentabilidad del propio ente, porque multiplica las moras, los deudores y los convenios de pago en muchas cuotas (hasta 36).

En nuestra intervención señalamos que esta no es una denuncia aislada. Es un llamado a revisar una práctica que se mantiene por inercia y que necesita actualización. Hemos remitido formalmente estas propuestas a las autoridades de OSE y al Ministerio de Economía, a la URSEA y las juntas departamentales para que se estudien alternativas que equilibren la sostenibilidad financiera con la protección de derechos.

No se trata de enfrentar eficiencia y sensibilidad social. Se trata de entender que un sistema tarifario justo también es una política eficiente, porque fortalece la confianza en la empresa pública y mejora la disposición de pago de los usuarios, pero además porque es lo justo y porque dar este servicio esencial es el verdadero rol de la OSE.

El agua no es una mercancía. Es un bien común y un derecho básico. La política pública tiene que estar diseñada en función de ese principio. Si queremos fortalecer a nuestras empresas públicas, debemos hacerlo recuperando su sentido original: el de servir a la gente.